El llamado urgente para la estabilidad y calma por el grupo paramilitar o de auto defensas denominado “Machetes” en Pantelhó, Chiapas, no es alguna casualidad. Está dirigida a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que funjan como intermediarios vía política interna estatal con Cecilia Flores y la mediación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Córdero, antes que la entidad trascienda por una masacre como la de Acteal.
Y lo anterior, ya suena como amenaza, no importando que el gobierno federal actúe conforme a su ley de desarme vía Guardia Nacional, Ejercito Mexicano y la Marina Armada de México.
La presencia del brazo armado (Machetes), es para medir fuerzas, pero también advertir ríos de color purpura contra la cantada pugna territorial, política, religiosa y social de sus adversarios o bien llamados grupos delictivos presuntamente inmiscuidos en el tráfico de drogas en dicha región indígena. Sin embargo, se desdibuja un trasfondo político con nombres y apellidos que pide a gritos mesas de negociación política.
Zonas indígenas, ¿bombas sociales en tiempos de guerra?
Desde la fundación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, los grupos bélicos, guerrilleros o paramilitares se convirtieron en una pinza de presión política en el corazón de los Altos de Chiapas.
Una zona indígena comúnmente conocida por manifestar que “el pueblo manda y el gobierno obedece”, pero en ese lapso, el libertinaje social, ha generado pugnas recalcitrantes entre grupos antagónicos que hoy luchan por el control territorial bajo usanza de actos criminales, versus la promoción de la paz y el desarrollo en plena zozobra, marginación, pobreza y abandono de las autoridades, por no tener mayores alternativas de entendimiento, diálogo ni concertación.
¿Quién o quiénes financian al grupo de autodefensa Machetes?
Aquí la encomienda por parte del gobierno federal y estatal, aparentemente pasa desapercibida, pero es grande, porque deben apostarle al diálogo y la paz, para evitar que un grupo de autodefensas armado hasta los dientes y financiados por quien sabe quién, ponga los tiempos en la agenda gubernamental, bajo la advertencia de desatar una guerrilla, entre dos grupos armados que luchan por el control territorial, llevando la bandera de salvadores del pueblo.
Brazos armados en Pantelhó, presión política por el 2024
Ha trascendido que esta pugna, va más allá de intereses territoriales y promociones por la paz de la población indígena de Pantelhó y Chenalhó.
Juristas y analistas nacionales, no descartan que la sede del siniestro grupo armado, sea un escenario montado políticamente para ejercer medidas de presión política entre el grupo de poder que busca gobernar en el 2024 llevando como bandera a Eduardo Ramírez Aguilar, versus los que están sentados en el poder desde la nacional, con la premisa de impulsar a Zoé Robledo Aburto, vía Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Por décadas, hemos vivido la misma película de conflictos armados en Chiapas, orquestados por las mafias del poder institucional y justamente Eduardo Robledo Rincón, cuando fungió como gobernador de Chiapas en 1994, con el respaldo de Ernesto Zedillo Ponce de León, el EZLN, dio su respaldo total a Amado Avendaño, candidato del PRD a la gubernatura. En aquel entonces generó una medida de presión política y guerrillera que orilló la solicitud de licencia de Eduardo Robledo Rincón el 14 de febrero de 1995. En política, no hay casualidades, pero si causalidades.
Antecedente: EZLN, destronó a un gobernador en 1995
¿Quieren acaso repetir la película del año 1995, mediante la aparición de “machetazos” que ya es catalogado como chantaje mediático en vísperas de desestabilizar el Estado y la Federación?... Hoy nos queda claro que la carrera presidencial 2024 y las gubernaturas ya comenzaron y se gesta mediante fuertes medidas de presión para desatar camorra en los puntos álgidos y blandos del estado de Chiapas como las zonas indígenas.
Olga Sánchez Córdero, omite conflicto bélico de Chiapas
¿Cuál es el proyecto de diálogo y concertación que pretende establecer Cecilia Flores y la secretaria de Gobernación, (SEGOB), Olga Sánchez Córdero?... Y es que, a diferencia de otros sexenios, Sánchez Córdero, quien acompañó al presidente de México a su gira por Guerrero, no se le vé el mínimo interés por calmar las aguas en el Sur del país.
Nexos y Contextos
Operativo Rastrillo no deben ser “llamarada de petate”: IP
La notable preocupación de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPYPC), Gabriela Zepeda por mantener el orden en una de las zonas más difíciles como la frontera sur de México, se visualiza con la instrumentación del Operativo Rastrillo, comandado por los grupos antipandillas, que se habían concentrado en retenes ilegales, en lugar de hacer un trabajo de investigación minuciosa en colonias populares y el barrio bajo de Tapachula y municipios circunvecinos.
Pero más vale tarde que nunca. Apenas ayer entraron en vigor dichos operativos que no son nada sorpresivos, pues optan por prevalecer en las calles y avenidas, como para ahuyentar a los miembros de pandillas centroamericanas que deambulan como juanes en su casa, manifestando su actitud criminal mediante robos, asaltos, asesinatos, y venta de drogas.
Para integrantes del sector empresarial y la iniciativa privada, la presencia policiaca es buena y oportuna; pero sería mejor la labor de investigación usando la infraestructura y la tecnología de punta, los mapas de incidencia delictiva y los perfiles mediante sus propios mecanismos de investigación, para poner orden y estabilidad en la región.
Evitar la operatividad criminal y exponerse las autoridades a ser pisoteados en su propio terreno, es un gran reto que tiene Gabriela Zepeda, quien debe dar resultados apremiantes de forma contundente e inmediata, antes de que le sigan creciendo los enanos en este proceso de análisis delictivo que han retomado las autoridades federales, poniendo en riesgo incluso su puesto en el gabinete legal y ampliado.
“El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, como promotor de la justicia, las leyes y el estado de derecho, está consciente de que se debe dar resultados urgentes o de plano cambios inmediatos para fortalecer la eficacia y la rendición de cuentas para combatir la corrupción, el proteccionismo y la impunidad”, externaron empresarios de la región.
***Rompecabezas***
*Quien se volvió un sinvergüenza, es el aún edil de Cacahoatán, Julio Calderón Sen, a quien le vaciaron la Casa de Cultura, dejando sumido en la vil desgracia todo el talento de Villa de las Hortensias. El atracó a la Dirección de Cultura, por supuesto que resulta muy sospechoso. Deben ser las instancias locales en materia de cultura quienes eleven una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para indagar o descartar que lacras y cómplices, estén metidos en el saqueo de instrumentos y mobiliario para no heredarlo al próximo ayuntamiento municipal.
*En Tuzantán, inéditamente la población salió a las calles para repudiar a Bany Obed, quien, tras cambiarse de partido político en busca de la reelección, fue denunciado de hacer fraude y triquiñuelas. Finalmente, acusado de comprar a los órganos electorales para eternizarse en el cargo. Hoy, que la población amanece con la sospecha de su probable triunfo, anuncian hacerle la vida de cuadritos a este funcionario tachado de lacra y corrupto por la misma ciudadanía, quien seguramente, le sacará sus trapitos al sol paulatinamente.
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