/ miércoles 15 de junio de 2022

El Espectador | eNómina, la “mexicana” que emula a Odebrecht

Aunque la empresa de tecnología eNómina, que lleva Gustavo Boletig, se presenta como una compañía mexicana, pues ciertamente se constituyó en México allá por 2015, tiene mucho más en común con la brasileña Odebrecht. Según registros oficiales, el accionista mayoritario de la firma que administra los descuentos de crédito de los trabajadores vía nómina, es Jonic Sun SA, una sociedad uruguaya cuyo apoderado es el ciudadano de origen brasileño Renato Cesar Vieira Araujo, quien estaría ligado a la empresa Zetra Soft, acusada de presuntamente sobornar a funcionarios de Brasil para obtener contratos de gestión de descuento vía nómina, según se difundió ampliamente en la prensa de aquel país.

Todo indica que esas prácticas por las que fue señalado en su natal país, continúan en México. Le cuento que este reportero tuvo acceso al testimonio de una ex trabajadora de la sociedad. A decir de ella, Gustavo Boletig, apoderado de eNómina, intentaba por todas las formas inducir al soborno. Aseguró que el también CEO llegaba con maletas que al parecer eran de dinero en efectivo para convencer a los funcionarios de que le permitieran instalar en las dependencias a su cargo la plataforma con la que gestionaba los datos de miles de ciudadanos mexicanos. A ese testimonio se suma el de un directivo cercano a Gustavo Boletig que aceptó platicar en el anonimato por temor a las represalias. Señaló que los empresarios brasileños comentaban que intentarían corromper a diversos funcionarios para que accedieran a usar su plataforma y servicios. De llegarse a comprobar estos señalamientos seguramente sancionarían a los directivos de eNómina, tal y como sucedió con Odebrecht.

En primera instancia habría que indagar entre los clientes de eNómina, en esa lista está la Secretaría de Educación de Guerrero con quien Gustavo Boletig firmó un Convenio de Coordinación en el 2017 para administrar todos los descuentos de los trabajadores con su tecnología. También está el Instituto de Salud del Estado de México con quien firmó acuerdo en 2017, con vigencia indefinida y el Poder Ejecutivo de Jalisco, con quien mantiene un acuerdo desde 2019 que perderá vigencia hasta diciembre de 2024.

Y es que, según las cláusulas de estos Convenios, eNómina dispone de los archivos de aquellos empleados susceptibles de obtener créditos, de sus percepciones fijas, sus huellas dactilares, entre otros datos confidenciales. Ante la falta de supervisión estricta en la materia y la mala reputación de los empresarios en Brasil, miles de trabajadores ven un riesgo inminente de que su información sea mal empleada. Bajo estos argumentos, la semana pasada llegaron denuncias contra Gustavo Boletig, eNómina y Renato Cesar Vieira Araujo al escritorio de la Condusef, de Oscar Rosado Jiménez, la CNBV, de Jesús de la Fuente Rodríguez y la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, quienes analizarán si suspenden las operaciones de esta empresa brasileña que pudiera utilizar prácticas como las de Odebrecht para tener acceso a miles de datos de usuarios mexicanos.

Aunque la empresa de tecnología eNómina, que lleva Gustavo Boletig, se presenta como una compañía mexicana, pues ciertamente se constituyó en México allá por 2015, tiene mucho más en común con la brasileña Odebrecht. Según registros oficiales, el accionista mayoritario de la firma que administra los descuentos de crédito de los trabajadores vía nómina, es Jonic Sun SA, una sociedad uruguaya cuyo apoderado es el ciudadano de origen brasileño Renato Cesar Vieira Araujo, quien estaría ligado a la empresa Zetra Soft, acusada de presuntamente sobornar a funcionarios de Brasil para obtener contratos de gestión de descuento vía nómina, según se difundió ampliamente en la prensa de aquel país.

Todo indica que esas prácticas por las que fue señalado en su natal país, continúan en México. Le cuento que este reportero tuvo acceso al testimonio de una ex trabajadora de la sociedad. A decir de ella, Gustavo Boletig, apoderado de eNómina, intentaba por todas las formas inducir al soborno. Aseguró que el también CEO llegaba con maletas que al parecer eran de dinero en efectivo para convencer a los funcionarios de que le permitieran instalar en las dependencias a su cargo la plataforma con la que gestionaba los datos de miles de ciudadanos mexicanos. A ese testimonio se suma el de un directivo cercano a Gustavo Boletig que aceptó platicar en el anonimato por temor a las represalias. Señaló que los empresarios brasileños comentaban que intentarían corromper a diversos funcionarios para que accedieran a usar su plataforma y servicios. De llegarse a comprobar estos señalamientos seguramente sancionarían a los directivos de eNómina, tal y como sucedió con Odebrecht.

En primera instancia habría que indagar entre los clientes de eNómina, en esa lista está la Secretaría de Educación de Guerrero con quien Gustavo Boletig firmó un Convenio de Coordinación en el 2017 para administrar todos los descuentos de los trabajadores con su tecnología. También está el Instituto de Salud del Estado de México con quien firmó acuerdo en 2017, con vigencia indefinida y el Poder Ejecutivo de Jalisco, con quien mantiene un acuerdo desde 2019 que perderá vigencia hasta diciembre de 2024.

Y es que, según las cláusulas de estos Convenios, eNómina dispone de los archivos de aquellos empleados susceptibles de obtener créditos, de sus percepciones fijas, sus huellas dactilares, entre otros datos confidenciales. Ante la falta de supervisión estricta en la materia y la mala reputación de los empresarios en Brasil, miles de trabajadores ven un riesgo inminente de que su información sea mal empleada. Bajo estos argumentos, la semana pasada llegaron denuncias contra Gustavo Boletig, eNómina y Renato Cesar Vieira Araujo al escritorio de la Condusef, de Oscar Rosado Jiménez, la CNBV, de Jesús de la Fuente Rodríguez y la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, quienes analizarán si suspenden las operaciones de esta empresa brasileña que pudiera utilizar prácticas como las de Odebrecht para tener acceso a miles de datos de usuarios mexicanos.