/ lunes 14 de septiembre de 2020

Momento Corporativo | ¿Cómo minar la confianza empresarial?

Los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las asociaciones entre el gobierno y la iniciativa privada para obras de infraestructura son una muy mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. La decisión de no asignar la construcción del tramo carretero Tulum-Cancún, paralelo al quinto tramo del Tren Maya, proyecto insignia de la actual administración, al único grupo postor conformado por BlackRock, Pinfra y Prodemex, es un balde de agua fría porque en los próximos días se anunciaría un ambicioso plan de infraestructura que lleva meses esperando y donde se supone que los privados serían los protagonistas. El argumento del primer mandatario fue que el esquema de asociación significa, al final, un mayor gasto para el gobierno y que la obra puede construirse más bien con presupuesto público y si hiciera falta dinero para concluirla entonces se conseguiría, como gobierno, a una tasa más baja que un grupo empresarial para este tipo de mecanismo, no sólo contraviniendo su posición sobre el endeudamiento público sino criticando el modelo de asociación que justo evita, en algunos esquemas, comprometer recursos públicos. El marco jurídico de la Asociación Público Privada (APP) data de 2012 cuando el presidente Felipe Calderón expidió la ley en la materia, y con quien López Obrador tiene sendas diferencias, acusaciones y criticas de las decisiones que tomó en su tiempo.


Además, y previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su reporte sobre el clima para las inversiones en México, donde destacó la importancia de la relación comercial y flujos de inversión entre ambos países, pero también citó otro informe, el de Riesgo Global 2020 del Foro Económico Mundial que considera que la dirección incierta de la política del actual gobierno es la principal razón de la caída de la economía en 2019, pero además un riesgo futuro para el crecimiento del país. El documento es mucho más severo al afirmar que los inversionistas están cada vez más preocupados por una menor confianza en las “reglas del juego” especialmente en el sector energético, y además destacó los recortes al presupuesto del aparato administrativo que hacen mucho más lenta la operación y respuesta, un factor relevante para las decisiones de inversión, algo así como el oneroso costo de pasar del adelgazamiento a la inoperatividad. Y si bien el modelo APP no es perfecto porque hay obras cuyo costo, por diversos motivos transparentes y otros no tanto, se disparó o fueron un fracaso, existen propuestas para mejorar la operación y resultados del esquema como la supervisión durante todas las etapas de la obra, promover más los beneficios económicos y sociales, y capacitar a los funcionarios público para evitar evaluaciones erronéas de factibilidad y mejorar los procesos de licitación, antes de desacreditar la vía y seguir minando la confianza de los inversionistas.




@robertoah

Los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las asociaciones entre el gobierno y la iniciativa privada para obras de infraestructura son una muy mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. La decisión de no asignar la construcción del tramo carretero Tulum-Cancún, paralelo al quinto tramo del Tren Maya, proyecto insignia de la actual administración, al único grupo postor conformado por BlackRock, Pinfra y Prodemex, es un balde de agua fría porque en los próximos días se anunciaría un ambicioso plan de infraestructura que lleva meses esperando y donde se supone que los privados serían los protagonistas. El argumento del primer mandatario fue que el esquema de asociación significa, al final, un mayor gasto para el gobierno y que la obra puede construirse más bien con presupuesto público y si hiciera falta dinero para concluirla entonces se conseguiría, como gobierno, a una tasa más baja que un grupo empresarial para este tipo de mecanismo, no sólo contraviniendo su posición sobre el endeudamiento público sino criticando el modelo de asociación que justo evita, en algunos esquemas, comprometer recursos públicos. El marco jurídico de la Asociación Público Privada (APP) data de 2012 cuando el presidente Felipe Calderón expidió la ley en la materia, y con quien López Obrador tiene sendas diferencias, acusaciones y criticas de las decisiones que tomó en su tiempo.


Además, y previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su reporte sobre el clima para las inversiones en México, donde destacó la importancia de la relación comercial y flujos de inversión entre ambos países, pero también citó otro informe, el de Riesgo Global 2020 del Foro Económico Mundial que considera que la dirección incierta de la política del actual gobierno es la principal razón de la caída de la economía en 2019, pero además un riesgo futuro para el crecimiento del país. El documento es mucho más severo al afirmar que los inversionistas están cada vez más preocupados por una menor confianza en las “reglas del juego” especialmente en el sector energético, y además destacó los recortes al presupuesto del aparato administrativo que hacen mucho más lenta la operación y respuesta, un factor relevante para las decisiones de inversión, algo así como el oneroso costo de pasar del adelgazamiento a la inoperatividad. Y si bien el modelo APP no es perfecto porque hay obras cuyo costo, por diversos motivos transparentes y otros no tanto, se disparó o fueron un fracaso, existen propuestas para mejorar la operación y resultados del esquema como la supervisión durante todas las etapas de la obra, promover más los beneficios económicos y sociales, y capacitar a los funcionarios público para evitar evaluaciones erronéas de factibilidad y mejorar los procesos de licitación, antes de desacreditar la vía y seguir minando la confianza de los inversionistas.




@robertoah