Abordar la corrupción fue la bandera del Presidente de México durante la campaña, pero también de todos los candidatos en los últimos años, algo que responde a una demanda ciudadana para que los políticos tomen las necesarias medidas para acabar con uno de los problemas más arraigados, detalla el estudio.
Estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierten que en el país hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, contra ocho del resto de las naciones que integran el organismo.
La OCDE también detalló que en México apenas de invierte uno por ciento del Producto Interno Bruto en impartición de la justicia y en materia de seguridad, mientras que en el resto de la OCDE el monto es, en promedio, cuatro veces más grande.
En el último Informe de Transparencia Internacional, México cayó tres lugares en 2018, al pasar del 135 al 138, entre 180 países evaluados.
En este estudio, el país fue el peor evaluado dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La percepción de que la corrupción tiene efectos multilaterales y está extendida en todos los ámbitos de la vida pública, política y económica del país, puede llevar a pensar que las soluciones también tienen que aplicarse en los diferentes niveles políticos y estratos socioeconómicos, detalla Oxford Business Group.
En una entrevista con el organismo que realizó el estudio, César Emiliano Hernández Ochoa, integrante de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) mencionó que “la siguiente frontera de la mejora regulatoria está en los niveles locales de gobierno, a nivel estatal y nivel local. Allí es donde los empresarios enfrentan espacios de opacidad, de corrupción, de dificultad para obtener licencias que pueden ser para la operación de una empresa, para la instalación de infraestructura que necesitan para desarrollar sus negocios”.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que para que México mejore en su ubicación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se debería orientar la política anticorrupción hacia la sanción efectiva.
