/ lunes 24 de febrero de 2020

Más del 70% de la población en Chiapas vive en pobreza: CEDH


Los gobiernos no han logrado brindar el derecho humano al desarrollo y se generan grandes brechas de desigualdad en la sociedad donde muchos no tienen acceso a los servicios básicos, bienes y productos, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez.

Dijo que el derecho humano al desarrollo tiene que ser la esencia de la sociedad, todos tenemos derecho a alcanzar las mismas oportunidades para el progreso sin importar en donde vivamos, debe ser una realidad el derecho a la educación, salud, trabajo, alimentación, seguridad, a la vida, protección, justicia y no discriminación.

Reiteró en entrevista, que ninguna persona debe excluir a otra, el Estado mexicano debe garantizar la aplicación de la ley, actualmente el 76.4 por ciento de la población de Chiapas vive en condiciones de pobreza y el 7 por ciento de los adultos mayores tienen acceso a la seguridad social de instituciones de salud formales.



Compartió el ombudsman del estado que el 69 por ciento de los adultos mayores debe tener acceso a los servicios del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), más del 23 por ciento de la población no tiene acceso y se les está violentando su derecho, lo mismo ocurre con los otros elementos que se miden en materia de pobreza.

Zepeda Bermúdez agregó que las instituciones públicas tienen que atender a la población en todos los ámbitos del servicio público para que no se le violenten sus derechos humanos, eso solo lo vamos a lograr de manera solidaria y subsidiaria, es decir, en la medida en que nos solidaricemos con los que menos tienen.

Necesitamos, admitió, ser gobiernos federal, estatal y municipal incluyentes, que realmente atiendan en sus necesidades a los gobernados, si esto no ocurre seguirá habiendo inconformidad social y malestar, por nuestra parte estamos documentando la discriminación.


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De ello dan cuenta las mil 300 quejas que recibimos al año, más de 5 mil orientaciones jurídicas por agraviados que perciben que están siendo violentados en sus derechos humanos, las dependencias involucradas o señaladas son casi todas las de la administración publicas estatal, reiteró.

Se trata de arraigar la cultura de respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida pública y sectores de la sociedad para que veamos al otro como uno igual a nosotros, como una persona que merece el mismo respeto que nosotros y que lo tratemos como nosotros queremos ser tratados, abundó Zepeda Bermúdez.

En la medida en que hagamos diferencias por el origen indígena, por su condición de migrante, porque pertenece a un grupo de preferencias sexuales diferentes, por ser mujer, por ser pobre, por ser estudiante, joven o mujer, estaremos condenando nuestra sociedad, lo que necesitamos es madurar como sociedad y arraigar la cultura de respeto a los derechos humanos para que todos seamos partícipes del desarrollo integral, reiteró.




Los gobiernos no han logrado brindar el derecho humano al desarrollo y se generan grandes brechas de desigualdad en la sociedad donde muchos no tienen acceso a los servicios básicos, bienes y productos, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez.

Dijo que el derecho humano al desarrollo tiene que ser la esencia de la sociedad, todos tenemos derecho a alcanzar las mismas oportunidades para el progreso sin importar en donde vivamos, debe ser una realidad el derecho a la educación, salud, trabajo, alimentación, seguridad, a la vida, protección, justicia y no discriminación.

Reiteró en entrevista, que ninguna persona debe excluir a otra, el Estado mexicano debe garantizar la aplicación de la ley, actualmente el 76.4 por ciento de la población de Chiapas vive en condiciones de pobreza y el 7 por ciento de los adultos mayores tienen acceso a la seguridad social de instituciones de salud formales.



Compartió el ombudsman del estado que el 69 por ciento de los adultos mayores debe tener acceso a los servicios del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI), más del 23 por ciento de la población no tiene acceso y se les está violentando su derecho, lo mismo ocurre con los otros elementos que se miden en materia de pobreza.

Zepeda Bermúdez agregó que las instituciones públicas tienen que atender a la población en todos los ámbitos del servicio público para que no se le violenten sus derechos humanos, eso solo lo vamos a lograr de manera solidaria y subsidiaria, es decir, en la medida en que nos solidaricemos con los que menos tienen.

Necesitamos, admitió, ser gobiernos federal, estatal y municipal incluyentes, que realmente atiendan en sus necesidades a los gobernados, si esto no ocurre seguirá habiendo inconformidad social y malestar, por nuestra parte estamos documentando la discriminación.


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De ello dan cuenta las mil 300 quejas que recibimos al año, más de 5 mil orientaciones jurídicas por agraviados que perciben que están siendo violentados en sus derechos humanos, las dependencias involucradas o señaladas son casi todas las de la administración publicas estatal, reiteró.

Se trata de arraigar la cultura de respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida pública y sectores de la sociedad para que veamos al otro como uno igual a nosotros, como una persona que merece el mismo respeto que nosotros y que lo tratemos como nosotros queremos ser tratados, abundó Zepeda Bermúdez.

En la medida en que hagamos diferencias por el origen indígena, por su condición de migrante, porque pertenece a un grupo de preferencias sexuales diferentes, por ser mujer, por ser pobre, por ser estudiante, joven o mujer, estaremos condenando nuestra sociedad, lo que necesitamos es madurar como sociedad y arraigar la cultura de respeto a los derechos humanos para que todos seamos partícipes del desarrollo integral, reiteró.



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