A cuatro meses de que se cumplan cinco años del desplazamiento forzado de 49 familias del ejido Puebla municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, la situación es preocupante para las 250 personas que viven refugiadas en San Cristóbal de Las Casas, mientras que el crimen contra Guadalupe Cruz Hernández, no se ha esclarecido, no hay posibilidad de un regreso a sus lugares de origen en condiciones dignas y seguras.
Una de las afectadas, Aracely Cruz, cuenta que aquel 26 de mayo del 2016, fue un día trágico cuando grupos de la comunidad los obligaron a salir de sus casas dejando bienes muebles e inmuebles, era durante la administración municipal de Rosa Pérez Pérez, militante del Partido Verde Ecologista de México.
Desde esa fecha han buscado por todos los medios el acceso a la justicia y a sus derechos humanos, sin embargo, no ha sido posible, para los afectados, el asunto ya no es de diálogo, de negociación, sino de aplicación del Estado de Derecho, de reparación del daño, de seguridad, de regreso en condiciones dignas o en su caso, reubicación con todas las garantías establecidas en la Constitución.
Comentan que esta condición de desplazamiento forzado impide a las familias el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, no existe el apoyo en materia alimentaria en su justa dimensión, persiste la incertidumbre y la posibilidad de un regreso digo a case se ve muy lejana y solo están a expensas de la caridad de la sociedad civil.
