Una vez más, las autoridades estatales, esta vez, mediante la Secretaría de Hacienda, con la circular 047 fechada el 30 de diciembre del 2020, informó que de acuerdo a las medidas adoptadas ante la contingencia de salud por el Covid-19, se acordó ampliar el plazo de vigencia de las medidas sanitarias, hasta el 1 de febrero, por lo que la burocracia reanudará actividades a partir del día siguiente.
El abogado civil y penalista, Pedro Pablo Scott Ramos, afirmó que de acuerdo a los colegios y barras de abogado se estima que un 60 por de los casos de índole civil, mercantil y familiar están detenidos ante la suspensión de actividades en el Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Dijo que también el 20 por ciento de los casos penales, los cuales no requieren atención inmediata y el 20 por ciento corresponde a los casos de amparo no avanzan por esta medida asumida por la pandemia, los cual pega drasticamente en la economia de los abogados.
Y es que pese a que Chiapas se encuentra en semáforo verde, el Gobierno del Estado determinó ampliar la suspensión de labores en la administración pública, sin embargo, la extensión de las medidas sanitarias por el Covid-19, se ha venido aplazando desde que comenzó la pandemia; cuya medida habrá cumplido más de 10 meses para el 2 de febrero, que es la nueva fecha del reinicio de actividades.
Señaló que esta ampliación de las medidas sanitarias que impiden el reinicio de los trabajos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas y de otras oficinas gubernamentales, representa una seria afectación en las actividades de la ciudadanía que necesitan algún trámite.
Expuso que repercute directamente en la situación económica de varios sectores de la población, ya que parte del trabajo que se desarrolla, depende de la agilización de estos servicios.
Además, añadió que es urgente una estrategia que permita reanudar de manera responsable, las actividades de cada una de las oficinas burocráticas, cuidando las medidas sanitarias que ordenan las instituciones de salud, como la sanitización de los espacios, la sana distancia y el uso de implementos de protección.
Alegó que para los procesos judiciales debe haber certidumbre del Gobierno del Estado para el reinicio de las actividades ya que la han ido postergando en varias ocasiones, por lo que es fundamental haya responsabilidad de dar el servicio a la población, ya que en el caso de las resoluciones judiciales hay muchas personas encerradas que están a la espera de su situación jurídica.
Puntualizó que los abogados litigantes y usuarios de la justicia no han podido acceder a los servicios, a pesar de que se requiere ejercer acciones legales a las denuncias, por lo que es justo que la administración pública y el poder judicial inicien labores.