Tapachula, Chiapas.- El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, denunció la falta de acciones contundentes por parte del Poder Judicial de la Federación para garantizar protección a migrantes, luego de que el pasado 15 de junio se suscitara un amotinamiento al interior de la Estación Siglo XXI de Tapachula, donde habría ocurrido tortura contra los extranjeros.
Ese día, al menos 700 migrantes centroamericanos, cubanos y haitianos, se confrontaron con elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración ((INM), afuera y adentro de este complejo, que dejó como saldo varios lesionados.
De acuerdo con los solicitantes, la molestia inició porque la subdelegada de regularización, Paola Rodas, ordenó, de forma discrecional, no atenderlos hasta cansarlos, esto mientras esperaban su turno para ser atendidos en cuanto a las peticiones de refugio.
El Colectivo de Observación afirmó que se vivieron actos de tortura a los que fueron sometidos los hombres detenidos en el módulo masculino, luego de que protestaran por la falta de claridad en sus procesos migratorios y de acceso al refugio, y por recibir comida en descomposición.
Según los testimonios, fueron sacados al patio de la estación migratoria, algunos recibieron golpes y todos obligados a acostarse boca arriba con las manos en la nuca, posición en la que permanecieron más de 12 horas bajo el sol y la lluvia, con la prohibición de cerrar los ojos, bajo amenazas de ser golpeados si así lo hicieran y de ser expulsados del país de inmediato.
Ese día, Diario del Sur tuvo en su poder una imagen en la que se observa a los migrantes tendidos sobre una de las áreas verdes, inmovilizados y castigados tras el altercado.
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El Colectivo de Observación afirmó que ya se interpuso un amparo y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar una visita de inspección judicial y de la Comisión a la estación migratoria.
Además, solicitaron evitar la deportación o devolución de las personas alojadas en el módulo de hombres el día 15 de junio, “hasta en tanto se manifiesta su libre voluntad en este sentido”.
Hasta entonces, el INM ha guardado total hermetismo en torno a esta situación que tuvo trascendencia nacional.