Tras una investigación realizada por Brigada Callejera sobre indicadores de violencia en contra de trabajadoras sexuales en la frontera sur, principalmente en Tapachula, se culpa a las autoridades de cometer el 73% de ese delito en contra de las mujeres.
Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Eliza Martínez A.C, precisó que el trabajo realizado por la organización arrojó 30 indicadores de violencia en el mundo laboral de las mujeres sexuales en la frontera de México con Guatemala.
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“No se puede acabar con este problema, cuando de los 30 indicadores de la violencia 22 los comete el estado, es decir que el 73% es responsabilidad de la autoridad mexicana”, señaló.
Detalló que la Secretaría de Salud, las corporaciones de seguridad federal, estatal y municipal, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) e incluso el DIF estatal y municipal cometen violencia institucional.
Añadió que las autoridades federales, estatales y municipales son las que ejercen la mayor represión en contra de las mujeres que ejercen dicho trabajo en la frontera sur.
Precisó que la Secretaría de Salud es la que más recurre a violentar a las mujeres de este sector, ya que el tema sanitario lo ven como recaudatorio y no de protección a las mujeres que realizan esta actividad por necesidad.
Explicó que el trabajo se realizó en bares, cantinas, botaneros, antros, table dance y en 200 puntos que han detectado que las mujeres ofrecen sus servicios.
“Los indicadores mas recurrentes son: perdida de patria postetad por dedicarse a este oficio, la venta ilegal de los condones del sector salud, que no reconozcan su trabajo, la falta de vivienda, educación, los feminicidios, la desaparición, las extorsiones de los policías para quitarles el dinero, así como la falta de un trámite migratorio para las mujeres extrajeras” expresó.
Reveló que con la investigación hicieron un libro y lo están entregando a las autoridades para buscar los mecanismos, así como trabajar de manera conjunta en favor de las mujeres trabajadoras sexuales.
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Puntualizó que se debe acabar con este delito de violencia en contra de las mujeres migrantes y mexicanas que se dedican a esta actividad en la frontera sur de México.
