Doña Enedina Molina Hernández de 88 años de edad, encabeza una humilde familia campesina del cantón Leoncillos, lugar ubicado en la zona baja de Tapachula; sin embargo, a pesar de su condición social y su edad, sufre constantemente de la opresión de personas que se dicen influyentes, así como de la presunta corrupción de las autoridades.
Ella acusa directamente de los constantes supuestos atropellos a Rafael Pineda Amaya, al parecer de origen guatemalteco y a Arnulfo Rosales Tirado, presunto hermano de un conocido notario público de Tapachula, de tratar despojarla de manera arbitraria de una parte de su terreno para convertirlo en un camino destinado para transportar su ganado.
Mencionó que en días pasados presuntamente de manera abusiva, Rafael Pineda Amaya, rompió un cerco de alambre de púas que doña Enedina Molina había puesto para delimitar su terreno y evitar que siguieran invadiendo en su predio con el trasiego de más de 100 cabezas de ganado, inclusive, al acudir al lugar para corroborar los hechos, este sujeto, quiso amedrentar el trabajo periodístico acercándose con machete en mano, cuando se levantaba este testimonio.
Por lo que, doña Enedina Molina y su familia, a través de este medio, pidió la intervención del Gobierno Federal, Municipal y del Estado, ya que a pesar de que cuentan con escrituras, planos y el pago predial vigente, estás personas, rompieron su alambrado, han tirado árboles y también cercaron con postes un tramo para poder pasar dentro de sus propiedades.
Indicó que este problema data desde el 2015, según expedientes de una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Justicia del Estado, y a pesar de que el fallo que dio el juez Edmar Ángel Juárez, fue a su favor; comenta que es muy probable que los magistrados y jueces hayan convenido con los invasores, de otra forma no se explica el porqué Rafael Pineda y Arnulfo Rosales, sigan haciendo daño en perjuicio de la familia de doña Enedina Molina Hernández.
Por tal motivo, Doña Enedina y su familia pidieron a las autoridades de las tres órdenes de gobierno intervenir ante este atropello, porque indudablemente hubo corrupción dentro del Tribunal de Justicia al permitir que por un predio debidamente legal, puedan hacer un camino para que estas personas puedan transportar su ganado para evitar hacer un recorrido más largo.
Así también Maximino Hernández, hijo de la afectada, responsabilizó directamente a las personas antes señaladas, si por denunciar este atropello, tratan de atentar físicamente contra la familia, ya que se trata de la legítima defensa de unas tierras que están en posesión desde hace más de 80 años.
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