El estado de Chiapas se encuentra reprobado en Estado de Derecho, de acuerdo con el más reciente estudio de World Justice Project (WJP), en donde alcanza un puntaje general de 0.38 y se ubica en la posición número 25 a nivel nacional.
El documento señala que los puntajes van de 0 a 1, donde el 1 indica mayor respeto al Estado de Derecho.
La entidad se ubicó en los últimos lugares en siete de ocho rubros que compone el estudio: Límites al poder gubernamental, con 0.37; Ausencia de corrupción, con 0.32; Gobierno abierto, con 0.39; Derechos fundamentales, con 0.44; Cumplimiento Regulatorio, con 0.26; Justicia Civil, con 0.31; y Justicia Penal, con 0.32., solo en Orden y seguridad destacó en el tercer puesto con un puntaje de 0.60.
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Esta calificación no es del agrado y de la satisfacción de los gobernados. Los factores son varios, existen leyes muy buenas pero mal aplicadas o no se aplican como debieran, mientras que en el Poder Judicial del Estado, como en la Fiscalía General del Estado, si bien se han profesionalizado en los últimos años falta la aplicación de la ley y actuar con mayor prontitud y expeditud.
Todos los estados se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea de acuerdo con WJP, organización independiente, internacional y multidisciplinaria que promueve el Estado de Derecho en México y el mundo.
En el estado tenemos menos violencia, pero la procuración y administración de justicia queda muy corta
De acuerdo con WJP, el poder Legislativo y Judicial, así como los organismos de control no han sido un contrapeso eficaz, mientras que las sanciones por abuso de poder tampoco han sido efectivas, ha faltado la aplicación de la ley en las elecciones, no se ha eliminado la corrupción, incluyendo a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. Además, la participación ciudadana sigue con limitaciones, lo mismo que el derecho a la información, falta alcanzar un gobierno abierto, combatir la discriminación, garantizar el derecho a la vida y a la seguridad, el debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad religiosa, los derechos laborales, el cumplimiento regulatorio eficaz y libre de corrupción, faltan procesos administrativos eficientes y el derecho a la propiedad.
También documenta WJP, que en materia de justicia civil las personas no conocen sus derechos, falta acceso pleno a la información, una justicia asequible y sin procesos burocráticos, imparcial, independiente y libre de corrupción; falta una justicia de calidad y expedita, ejecución efectiva de las resoluciones, accesibles, imparciales y expeditas. En justicia penal, falta investigación penal eficaz, procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, falta hacer valer derechos de las víctimas un debido proceso legal, justicia imparcial, independiente y libre corrupción, así como un sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos.
“Hace falta capacitación”
El Presidente de la Asociación de Abogados de Chiapas, José Manuel Blanco Urbina explica que falta aplicar, respetar y hacer respetar la ley, “en el estado tenemos menos violencia, pero la procuración y administración de justicia queda muy corta, no sabemos que pasa con la justicia, no está debidamente calificada o no tiene el interés de resolver muchos casos. Muchos están pendientes, pero en otros casos encuentran a los presuntos responsables muertos y no son casos concluidos”.
Señaló que los jueces del Poder Judicial tiene que haber una imparcialidad en el ejercicio de su responsabilidad, no estar sujeto a la acción política, porque cuando se politiza la justicia ya no sirve.
“A veces falta capacitación y conocimiento pero también existe la profesionalización y a pesar de ello faltan resultados a favor de la sociedad que no encuentra solución a sus demandas, derivado de ello muchos casos inconclusos, es palpable la dilación y la omisión en la procuración de justicia”, sostuvo.
Minimizan Comisiones
Por su parte, el abogado Diego Cadenas Gordillo presidente de la asociación civil de derechos humanos Ku’untik, opinó que en Chiapas es una recurrente negación de derechos y de acceso a la justicia. De acuerdo con los casos que le toca defender, muchos están en la etapa de reparación de daños pero falta la determinación de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
“A veces se quiere cubrir parcialmente los daños, un cumplimiento es parcial del Estado de Derecho, el deterioro del Estado de Derecho no es una situación nueva, los discursos del Ejecutivo Federal de menosprecio a las instancias internacionales de derechos humanos y de cuestionamiento de los organismos autónomos de derechos humanos es preocupante, grave y lesiona muchos derechos”, dijo.
“Están minimizadas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional Contra la Discriminación, instancias que fueron creadas la movilización y la presión de la sociedad civil y que hoy se encuentran minimizadas en su actuar y en sus alcances, por el discurso del Ejecutivo Federal que los cuestiona, que repercute en las instancias de las entidades, añadió Cadenas Gordillo”, agregó.
“Está muy vulnerado”
El abogado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Alberto Gordillo Flecha compartió que el Estado de Derecho en Chiapas está muy vulnerado, prefiere taparse los ojos la federación para no atender muchas realidades, no se están atendiendo muchos reclamos sociales, que al no tener respuestas se presentan hechos de justicia por su propia mano como es el caso de los migrantes, que no les han dado la respuesta adecuada, más bien son muy vagas las atenciones.
El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional, Marcelo Toledo Cruz ex presidente estatal y miembro de la actual dirigencia, sostiene que las autoridades de los tres poderes del estado ponen su mejor esfuerzo. No obstante, lo que molesta mucho a los ciudadanos es la manifestación de los migrantes que esperan atención del Instituto Nacional de Migración (INM), como el bloqueo de carreteras, la toma de casetas de autopistas, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el gobierno del estado es tolerante, de diálogo, de concertación y se pone en la balanza a la hora de abordar los problemas.
