Ante el cierre de las oficinas de la subdelegación de Profeco en Tapachula, la población más pobre, la que no cuenta con recursos y que se ve afectada en su economía por instituciones como la CFE, Coapatap, Teléfonos, comercios y de servicio, no tendrá más opciones que quedarse callada porque no habrá quien cuando menos intente mediar en las vejaciones a sus derechos, expresó en entrevista el representante de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES), José Francisco Aranda Tinajero.
La autoridad debe dar una explicación amplia, no acciones en lo oscurito, que de manera velada protegen a empresas y prestadores de servicio tramposos por este tipo de decisiones equivocadas que deja en estado de indefensión al consumidor.
Dijo que es preocupante y lamentable que una oficina tan importante en la vida comercial y productiva de la región desaparezca de la noche a la mañana, pues la solución no deberá ser un simple modulo o una representación a través de medios digitales que no sea funcional para esta zona tan importante ya que viajar a la capital del estado por una queja generará gastos muy elevados.
“Quedarse callado ante una vejación a los derechos del consumidor será la opción más entendible por la determinación de un gobierno de austeridad que en realidad dejará indefenso a los más pobres y con ello se dará cobijo e impunidad a las empresas de los grandes capitales, por ello es necesario que se reconsidere esa medida”, expresó.
Aranda Tinajero dijo que no se sabe que va a pasar con las denuncias que ya están interpuestas, pues ni siquiera los trabajadores de esa dependencia saben que ocurrirá con su situación laboral, reconoció que la Profeco en Tapachula fue parte importante para la sociedad y en particular los grupos vulnerables a los que se hacían cobros fuera de la realidad y las estadísticas que existen así lo comprueban.
