Más de 20 familias del ejido Morelos fueron desalojados ilegal y violentamente de sus tierras que ocuparon por más de 26 años, por lo que piden la intervención de las autoridades federales, ya que en 1994 el Tribunal Agrario, les dio posesión legal a los campesinos.
En representación del grupo de campesinos, Feliciano Gómez López, detalló que el pasado 4 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional, así como policías estatales, llegaron sin ninguna orden de desalojo, y despojaron con rapiña y violencia a las familias campesinas, les robaron sus celulares, bicicletas, tuberías, bombas de agua, tinacos y todos los implementos agrícolas.
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En esta denuncia, pidieron a la fiscal especial contra la corrupción, de la secretaría de la función pública y al mismo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, su inmediata intervención para solucionar este problema.
Especificó que, en el año de 1994, el Tribunal Agrario les otorgó la posesión de 26 hectáreas de terreno a través del expediente 264 / 1994, desde esa fecha ocuparon sus tierras para la siembra y cosecha de diferentes cultivos, de esta forma, sin contar con un citatorio o saber cuál es la razón del despojo, fueron desalojados impunemente.
Agregó que las familias afectadas son agricultores que necesitan de las cosechas para poder sobrevivir, por lo que, si las autoridades se han confabulado para quitarles lo que legalmente es suyo, pidieron el resarcimiento del daño, como el pago total de sus cosechas y una reubicación digna, ya que se trata del patrimonio que quieren heredar a sus hijos.
Indicó que esta injusticia no tiene precedentes en la historia de Tapachula, por ello, es necesaria la intervención del gobierno federal, pues claramente el desalojo se debe a intereses de alguien con mucho poder económico que puede fácilmente comprar a las autoridades estatales.
Expuso no saber qué hacer si les arrebatan la oportunidad de trabajar, por lo que, si las autoridades federales no intervienen y brindan una solución a más tardar el 31 de diciembre, tomarán las carreteras y el acceso al aeropuerto internacional de Tapachula que se encuentra cerca de estos terrenos en disputa.
Puntualizó que la acusación contra los campesinos y por lo cual los desalojaron, es que supuestamente son invasores, cuando en verdad, tienen toda la documentación legal que acredita la posesión de sus terrenos.