/ jueves 13 de febrero de 2020

Empolvado pero vivo, conflicto de Pavencul

Dos grupos en pugna a lo largo de muchos años han protagonizado agresiones con saldo de muertos, lesionados y daños materiales

Los recientes hechos que pusieron en el plano nacional a las comunidades de Pavencul y Toquián Grande, con la brutal agresión a manos de policías de Tapachula contra campesinos que protestaban para exigir servicios y caminos, pero que además se extendió contra la sociedad en general y periodistas, es parte de la problemática interna que existe en la zona alta de Tapachula, con más de 80 mil habitantes la mayoria indígenas Mam .

Mientras que las actuales autoridades ejidales encabezadas por el presidente del Comisariado Juan López Pérez realizan gestiones para la comunidad, también exigen que se dé cumplimiento a ordenes de aprehensión que existen contra el grupo contrario al que acusan de diversos delitos y por lo que existen decenas de carpetas de investigación que incluyen desde homicidios, lesiones y fraude.

En contraparte el otro grupo, el de los que se dicen desplazados de esas comunidades entre los que se encuentra el ex comisariado Melesio Ángel y más de 20 familias que fueron condicionados a abandonar Pavencul y Toquián Grande bajo el argumento de la aplicación de leyes internas que pretenden hacerles efectivas multas de 20 mil pesos para permitirles el regreso a sus casas, estos también reclaman el cumplimiento de órdenes de aprehensión en contra del grupo del actual comisariado Ejidal.

En el sexenio pasado, en mayo del 2018, 42 concesiones del servicio público de pasaje que tenían en su poder el grupo de los desplazados y que las trabajó por décadas les fueron retiradas y otorgadas a la comunidad y autoridades actuales por parte de la hoy Secretaria de Movilidad y Transporte, hecho que desempolvó el problema que estaba latente pero bajo control.

Para tratar de dirimir el problema se han realizado decenas de reuniones en la Delegación del Gobierno, en algunos casos hubo avances y lograron establecer comunicación aunque no acuerdos, pero con los actuales funcionarios de gobierno del Estado en Tapachula, el tema ha sido relegado y evadido.

En ambos grupos hay resistencia a aceptar acuerdos para el problema que data de mucho tiempo atrás y que en las reuniones lo único que se logra es ganar tiempo y evitar manifestaciones de inconformidad pero se deja que el conflicto se mantenga vigente hasta que verdaderamente haya más muertos a los que ya han quedado en el camino y que son parte de las investigaciones no resueltas.

Los recientes hechos que pusieron en el plano nacional a las comunidades de Pavencul y Toquián Grande, con la brutal agresión a manos de policías de Tapachula contra campesinos que protestaban para exigir servicios y caminos, pero que además se extendió contra la sociedad en general y periodistas, es parte de la problemática interna que existe en la zona alta de Tapachula, con más de 80 mil habitantes la mayoria indígenas Mam .

Mientras que las actuales autoridades ejidales encabezadas por el presidente del Comisariado Juan López Pérez realizan gestiones para la comunidad, también exigen que se dé cumplimiento a ordenes de aprehensión que existen contra el grupo contrario al que acusan de diversos delitos y por lo que existen decenas de carpetas de investigación que incluyen desde homicidios, lesiones y fraude.

En contraparte el otro grupo, el de los que se dicen desplazados de esas comunidades entre los que se encuentra el ex comisariado Melesio Ángel y más de 20 familias que fueron condicionados a abandonar Pavencul y Toquián Grande bajo el argumento de la aplicación de leyes internas que pretenden hacerles efectivas multas de 20 mil pesos para permitirles el regreso a sus casas, estos también reclaman el cumplimiento de órdenes de aprehensión en contra del grupo del actual comisariado Ejidal.

En el sexenio pasado, en mayo del 2018, 42 concesiones del servicio público de pasaje que tenían en su poder el grupo de los desplazados y que las trabajó por décadas les fueron retiradas y otorgadas a la comunidad y autoridades actuales por parte de la hoy Secretaria de Movilidad y Transporte, hecho que desempolvó el problema que estaba latente pero bajo control.

Para tratar de dirimir el problema se han realizado decenas de reuniones en la Delegación del Gobierno, en algunos casos hubo avances y lograron establecer comunicación aunque no acuerdos, pero con los actuales funcionarios de gobierno del Estado en Tapachula, el tema ha sido relegado y evadido.

En ambos grupos hay resistencia a aceptar acuerdos para el problema que data de mucho tiempo atrás y que en las reuniones lo único que se logra es ganar tiempo y evitar manifestaciones de inconformidad pero se deja que el conflicto se mantenga vigente hasta que verdaderamente haya más muertos a los que ya han quedado en el camino y que son parte de las investigaciones no resueltas.

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