El derecho humano de acceso a la justicia no debe ser un asunto pendiente, las resoluciones que se den deben ser prontas, claras e imparciales por parte de las instituciones de procuración y administración de justicia, afirmó Hugo Carrasco Soule, profesor - investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante un foro de participación ciudadana organizado por el Centro de Estudios para la Constitución de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE), de la Universidad Autónoma de Chiapas, dijo que los gobernados deben poder acceder a los recursos judiciales, al acceso pleno a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
Habrá que garantizar acceso pleno a los tribunales, proceso judiciales transparentes, asegurar los componentes judiciales y la tutela de los derechos humanos efectivos, remover los obstáculos económicos existentes que impiden la justicia, cómo garantizar el efectivo derecho a ser oído por un tribunal.
Insiste el experto que la impartición de justicia tiene que ser gratuita, la sociedad debe tener acceso a la defensa pública gratuita para personas de escasos recursos económicos y los costos del proceso no deben ser dispendiosos.
En los estados la desigualdad económica y social no debe traducirse en una desigualdad en la defensa de los juicios, la impartición de justicia tiene que ser gratuita, garantizar la defensoría pública de calidad para la población, reitera Carrasco.
En presencia virtual de académicos, abogados y estudiantes de Chiapas, reiteró que no puede ser dispendioso los costos, la práctica de las pruebas no pueden ser costosas para los individuos, el Estado mexicano debe garantizar que los costos de los medios probatorios o las notificaciones a la colectividad sean cubiertos a través de un fondo que se genera por sentencias.
Respecto de los componentes del debido proceso, Hugo Carrasco reitera que no puede haber postergaciones, ni retrasos, ni alteraciones, ni deformaciones durante el camino, que desvirtúen su finalidad y la justicia, el juicio tiene que ser justo, debe cumplirse con el derecho a la defensa y no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ni declararse culpable, por lo tanto, debe garantizar un intérprete de señas o lenguas maternas.
Exige finalmente que se haga realidad en todos los procesos el derecho a la reparación del daño de las víctimas, el principio de igualdad y de presunción de inocencia.
.jpg "New Project (1).jpg")
.jpg "New Project (20).jpg")
