Ante la falta de respuesta del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, migrantes advirtieron que saldrán en caravana hacia México o estado del norte del país en busca de trabajos y documentos que les permita estar de manera legal en suelo azteca.
Los inconformes aseguraron que ya tienen día de partida de la caravana, pero primero harán una huelga de hombre como último recurso para que las autoridades migratorias las escuchen y soluciones su petición de refugio por razones humanitarias o asilo político.
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Señalaron que la caravana esta previsto que salga el lunes de Tapachula, pero están esperando que más migrantes se sumen a esta causa para dejar la ciudad, pues acusan que no tienen trabajo y dinero para continuar.
Recalcaron que las protestas continuarán, porque no hay respuesta de las autoridades mexicanas de atender esta crisis migratoria que hay en la frontera sur, en donde se estima que hay un promedio de 120 mil extranjeros varados.
Señalaron que detrás de la dilatación de la entrega de sus documentos para avanzar a los Estados del Norte de México hay una persona que está haciendo mucho dinero, porque los papeles se los están entregando a los que tienen dinero de manera inmediata.
Explicaron que si acuden a la Comar o al INM sin dinero las citas se las están dando para los meses de enero o febrero del próximo año, pero si llegan con mil dólares "un abogado te consigue una cita el mismo día y en migración con dos mil dólares les dan su visa humanitaria".
Aseguraron que esta información de corrupción que hay en estas dos dependencia federales en Tapachula no las ha de saber el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que piden su intervención.
Los migrantes iniciaron su cuarto día de protesta realizando un bloqueo por varias horas en el primer cuadro de la ciudad y posteriormente se movilizaron a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde también bloquearon la calle.
En este lugar una comitiva de cuatro migrantes de Haití, Cuba, Venezuela y República Dominicana fueron atendidos por los representantes de los derechos humanos para escuchar sus demandas.
