Organismos defensores de derechos humanos y activistas señalaron que la muerte de los 54 migrantes y los 105 lesionados son causa de las políticas migratorias fallidas del gobierno de México y la militarización de la frontera sur.
Señalan que la muerte de estas personas se suma a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población migrante por la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria, lo cual, obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso.
Las organizaciones como: Fundación para la Justicia (FJEDD), Sin Fronteras, IAP, Casa Migrante de Saltillo, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México (AAMX) A.C., FM4 Paso libre, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, Estancia del Migrante Gonzáles Martinez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT), han denunciado que el endurecimiento de las políticas migratorias y la externalización de las fronteras traería como consecuencia el aumento de delitos y violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México, principalmente en la frontera sur y norte.
Señalaron que han visto la manera de proceder del gobierno mexicano, en este tipo de casos, que es “apagando el fuego” y sin buscar las causas de fondo, es decir, mostrando en estos momentos su voluntad, pero dejando luego a las familias de las víctimas sin acceso a medidas de asistencia, sin verdad, sin justicia y mucho menos realiza la reparación de los daños.
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Indicaron que es necesario que se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, haciendo partícipes a las familias de los procesos de verdad, justicia y reparación, para que se garantice el acceso a la justicia de forma inmediata.
Por su parte, Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C, señaló que la militarización, la corrupción y contención sigue pintando de rojo la frontera sur en contubernio con las autoridades como: Federal de Caminos, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSyPC).
Señaló que sino hubiese corrupción o complicidad el trailer no hubiera podido llegar hasta donde se accidente, pues antes de llegar a esta punto pasó varios retenes de las diferentes corporaciones.
"El accidente pasó cerca de un reten de la SSyPC y sino pasa el accidente nadie sabe, esto pasa en la frontera sur desde hace años, pero nadie quiere hacer nada al respecto”, abundó.
Señaló que desde hace un año alertaron que la política de contención, retención y deportación de parte del Estado mexicano solo fortalecía al crimen organizado como polleras, coyotes o traficantes y tratantes de personas.
“Hoy estamos viendo los resultados de la corrupción, contención y militarización de la frontera sur y lamentablemente fue con la muerte de 55 personas migrantes” añadió.
Añadió, “este accidente debe ser un parte aguas para que se haga una profunda limpieza en todas las corporación e instituciones que han hecho de la migración un negocio redondo en la frontera sur”.
Finalmente, indicó que esto les puede pasar a los miles de migrantes que están varados en esta ciudad, si el INM no encuentra una respuesta rápida para sacarlos de Tapachula.
