Sectores sociales hicieron un llamado a las autoridades reforzar los recorridos y operativos policiacos en la frontera sur ante ola de inseguridad que afecta a la población y que mantiene en zozobra a las familias.
El presidente del Frente cívico popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos, indicó que basándose en el artículo 21 de la constitución, se debe responsabilizar a las autoridades de los tres niveles de gobierno brindar la seguridad a la población, y en relación a la frontera sur, se necesita la intervención de las fuerzas federales.
Dijo que hay temor generalizado entre la población porque las autoridades no dan respuesta a la demanda de seguridad que tiene la población, por lo que es importante que la fiscalía general, se responsabilice de las investigaciones de los delitos para que no exista impunidad para los delincuentes.
Señaló que la delincuencia que opera en los municipios de la frontera sur ha aumentado un 200 por ciento, derivado de la mala estrategia del gobierno federal de proteger a los delincuentes, y mantener cifras de impunidad del 95 por ciento.
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Por su parte, el presidente de Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero, afirmó que un ingrediente principal para el incremento de la inseguridad es la amenaza de delincuentes que vienen en el movimiento migratorio, ya que, si bien es cierto, hay muchos migrantes que buscan un bienestar legítimo, también hay otros migrantes que vienen a hacer daño a la población, todo en complicidad con las autoridades.
Destacó que una solución para aplacar la ola de inseguridad es que el gobierno aplique el estado de derecho en la frontera sur, y que se haga el cumplimiento a la ley, ya que actualmente los delincuentes salen libres poco después de ser capturados, y regresan a las actividades ilícitas con más confianza de que el gobierno no va a hacer nada por detenerlos.
Puntualizó que, se requiere la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur para inhibir a la delincuencia, asimismo que el gobierno federal cambie la estrategia de “abrazos no balazos” que significa proteger a los delincuentes privilegiando sus derechos humanos, cuando la sociedad reclama que se aplique toda la fuerza del estado contra ellos.
