San Cristóbal de Las Casas.- Según un comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades del estado de Chiapas, para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en el contexto de las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” y a investigar las denuncias de abusos por parte del funcionariado público estatal.
“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, afirmó en un escrito Guillermo Fernández-Maldonado, Representante de la ONU-DH en México.
En la misiva considera importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género.
El señor Fernández-Maldonado, enfatizó que de acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo 2021, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas, fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó (todos hombres, dos de ellos adolescentes).
Las detenciones se dieron en el contexto de las protestas en contra de los cambios en la prueba de acceso a la escuela. Posteriormente, los dos adolescentes habrían sido puestos en libertad y las 95 personas restantes puestas a disposición del juez, quien declaró legal su detención.
El llamado de la ONU-DH se refiere en el escrito, es a garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa.
“En el caso de las personas hablantes de lenguas indígenas, se debe incorporar la perspectiva intercultural a la investigación, así como garantizar su derecho a contar con servicios de traducción e interpretación que les permitan seguir todo el proceso y participar en el mismo en su propio idioma, para garantizar su derecho de acceso a la justicia”, suscriben.
Las investigaciones de los posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por las funcionarias públicas y los funcionarios públicos “deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado”.
