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Operan ‘narcousureros’  en la frontera sur 

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  • De acuerdo a denuncias, integrantes de cárteles colombianos prestan dinero a comerciantes con altos intereses que no pueden pagar, después se apoderan de sus pertenencias y hasta los amenazan de muerte

Redacción / Diario del Sur

Tapachula, Chis.- Presuntos colombianos que se han asentado en la frontera sur de México, en la región Soconusco de Chiapas, operan ofreciendo préstamos a pequeños empresarios o vendedores ambulantes, pero lejos de brindarles un beneficio los hunden por los altos intereses.

En Tapachula, existen dos supuestas empresas colombianas que se dedican al préstamo de dinero.

De acuerdo a denuncias de afectados, el modus operandi de estos extranjeros es el siguiente: las personas que son enganchadas con este tipo de artimaña y no pueden pagar, son despojadas de sus pertenencias o las amenazan que serán asesinadas.

Los mismos “cobradores” que son detenidos cuando cometen algún ilícito, supuestamente han mencionado que están coludidos con altos funcionarios para que los dejen en libertad, incluso ellos dicen que les pagan para que los protejan.

Para el Centro de Dignificación Humana  A.C., este nuevo tipo de flagelo que afecta a la frontera sur preocupa a las organizaciones no gubernamentales y activistas, debido a que se convierte en un tema de seguridad nacional.

Luis Villagrán, director de esta Asociación Civil, señala que este sistema de extorsión se combina también con el cobro de derecho de piso que algunos colombianos practican en Chiapas.

Asegura que la extorsión que realizan otros extranjeros como las Maras, dista de la forma en que estos colombianos operan, ya que los pandilleros van sobre personas con las que practican la trata de personas y aquellas que se dedican a la prostitución, a quienes les cobran por ejercer esta práctica en calles y cantinas clandestinas.

El punto de medida de los activistas en Chiapas, se fundamenta en las solicitudes de refugio que sudamericanos realizan ante la COMAR, la cual les indica que colombianos se han asentado en la región fronteriza con Guatemala, sin ser aún una población flotante grande, pero sí presente.

Los Maras extorsionan, pero también. Comienza a connotarse a personas de otras nacionalidades que practican este tipo de préstamos o cobros de piso, por lo que más autoridades deben poner la lupa en estos casos”, finalizó.

En Tapachula, en operativos realizados las autoridades han detenido más de seis veces a jóvenes, que armados ingresaban a las casas para cobrar el dinero que a veces los comerciantes no pueden pagar. Pese al delito que cometen, a los pocos minutos obtenían su libertad, debido a que el proceso legal no es el debido.

El esquema conocido como “gota a gota” ha sido denunciado a nivel nacional, del cual se dice que es lavado de dinero no bien habido, por lo que es importante que los tres órdenes de gobierno realicen las investigaciones a fondo.

De acuerdo a las denuncias de los pequeños comerciantes, por cada mil pesos que reciben pagan 60 pesos diarios por 20 días, lo que significa que reúnen mil 200 pesos, pero si se atrasan los intereses son muy altos y el comerciante terminan entregando todo o pagando piso.

Los préstamos van desde los mil a los 10 mil pesos. Los pagos son semanales o diarios, sin embargo, al no realizarlos de manera permanente, los “prestamistas” hacen destrozos en los negocios y amenazan a sus “clientes” con asesinar a sus familias.

Las denuncias de estas extorsiones se han registrado con mayor incidencia en la mancha urbana de Tapachula, en las colonias Laureles, Solidaridad 2000 y en las inmediaciones del mercado San Juan, así como tiendas de abarrotes de las colonias, pollerías, entre otros establecimientos.

De acuerdo a la información de las autoridades, todos los trabajadores colombianos que se encuentran en la ciudad han obtenido sus documentos y al ser detenidos no pueden ser deportados, debido a que cuentan con legal estancia en el país.

Hace unos días, uno de estos presuntos cobradores sudamericanos sufrió un accidente en el bulevar Akishino de Tapachula. La otra parte involucrada exigió que le pagaran hasta el último peso por daños tanto de la motocicleta como de su persona, pero no conforme a derecho, sin embargo, contactó. No altos mandos y rápido logró evitar que fueran puestos a disposición de las autoridades como marca la ley.

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