La directora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor, sostiene que la legislación electoral local actual aprobada en junio por el Congreso del Estado es una ofensa para los pueblos y comunidades indígenas.
Advierte que si la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decide bien por la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), haría justicia a los pueblos originarios de Chiapas.
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Durante una reunión virtual con académicos, consejeros electorales y representantes indígenas, afirmó que groseramente en el Congreso de Chiapas hemos pasado de 10 diputaciones locales indígenas en el año 1995 a tan solo 2 en la actual LXVII legislatura local.
Comentó que luego del inicio del movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, el 6 de mayo de ese año, se amplió a 24 los distritos uninominales locales y con ello se buscaba mayor presencia de indígenas en los cargos de representación.
No obstante, poco a poco fuimos creciendo en la tendencia hacia la exclusión de los pueblos indígenas y en el despojo de sus derechos, el Congreso del Estado se ha ido llenando de omisiones y de la negación de derechos, como la falta de consulta para elaborar una ley de la que los destinatarios son los indígenas.
Lo que tenemos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, Ley de Medios de Impugnación y Ley General de Participación Ciudadana, son grandes y graves violaciones a los derechos electorales de los pueblos indígenas.
Comentó Burguete Cal y Mayor que los municipios indígenas en su momento se rotaban las candidaturas entre los municipios que conforman los distritos electorales locales indígenas, sin embargo, se ha despojado de esas candidaturas a los pueblos originarios con la falta de ética de los diputados de Chiapas, sustentó.
Hay una pérdida de espacios de representación, no hay nada que agradecer al Congreso del Estado
“Hay una pérdida de espacios de representación, no hay nada que agradecer al Congreso del Estado, hay que reclamarle y ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en justicia, en razón y en derecho, lo que han hecho mal para corregirlo y restituir esos derechos”.
No se justifica que el Congreso del Estado haya determinado solo garantizar el registro de candidatos en el 50 por ciento de los municipios indígenas, lo que, a su juicio, “es grosero, indignante y es un agravio”, por lo que la misma ley violenta los derechos de los pueblos indígenas.
La investigadora del CIESAS se pronunció porque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) permita el autogobierno en los municipios indígenas de Chilón, Ocosingo, Yajalón, Sitalá y Simojovel, para destruir los cacicazgos no indígenas que permanecen ahí.
