Ante los actos violentos cometidos por elementos de migración contra integrantes de la caravana migrante que partió el pasado sábado de Tapachula hacia el norte del país, el Instituto Nacional de Migración (INM), reprobó estas acciones y se comprometió a realizar las investigaciones para emprender acciones legales contra los agentes involucrados.
Estos hechos ocurrieron en los límites del municipio de Huehuetán y Huixtla durante un operativo de contención realizado por la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración con la intención de desarticular la carava migrante, integrada en su mayoría por haitianos.
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En un comunicado, el INM reconoció que los agentes federales asumieron una conducta inapropiada y ajena a los protocolos y políticas de respeto, por el Órgano Interno de Control del INM, ya tomó cartas en los hechos para los efectos legales a lo que hubiere lugar.
Informaron que han dado seguimiento puntual a los hechos registrados el pasado sábado en la carretera Tapachula - Arriaga en el perímetro de poblado Cruz de Oro, Tuzantán, donde se llevaba a cabo el operativo de control y verificación migratoria ante el avance de un grupo de personas migrantes en dirección a la localidad de Huixtla.
En ese momento una persona migrante empezó a golpear a un agente federal de migración, por lo que dos elementos más acudieron en su auxilio, asumiendo, sin embargo, una conducta inapropiada en su intervención, contraria a la normatividad y al respeto de los Derechos Humanos que promueve el INM.
Detallaron que el Instituto Nacional de Migración basa sus acciones en apego al marco legal y con estricto respecto a los derechos humanos, por lo que reprobó estos hechos de exceso de fuerza bruta.
"La atención que presta el INM a las personas migrantes ha sido siempre bajo estas premisas y los actos indebidos que puedan realizar de manera individual agentes federales de migración en las tareas operativas, son reprobables y en su caso, sancionados", abundaron.
Finalmente mencionaron que el INM tiene obligaciones que debe cumplir y cada día trabaja para que sus funcionarios públicos actúen en el marco de sus atribuciones y bajo principios humanitarios y de respeto a los derechos humanos, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad.
