El miembro de la de la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera Sur, Federico Valdez Galán, denunció al alcalde de Tapachula, Óscar Gurria Penagos por querer iniciar un terrorismo fiscal contra las empresas ubicadas en el municipio, al poner en vigor el cobro de licencias de apertura para funcionamiento de las empresas, a pesar de ir en contra de la ley de coordinación fiscal.
En rueda de prensa, el activista afirmó que este cobro al que calificó como un atentado contra el comercio legal, no es más que un abuso por parte del edil, por lo que exhortó a los comerciantes a no dejarse intimidar por los inspectores que han comenzado a ser enviados a los negocios, por lo recomendó que en caso de recibir la visita de los trabajadores del ayuntamiento, es mejor ampararse ante la ley.
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Con base a información del articulo 10-A de la ley de coordinación fiscal Cap. II; este informa que las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos no mantendrán en vigor derechos estatales o municipios, por ejemplo licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones o bien obligaciones y requisitos que coordinen el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios.
En este sentido, Valdez Galán, lamentó que este impuesto que pretende cobrar el alcalde tapachulteco, sería perjudicial para el municipio, ya que en caso de que la federación detecte estas anomalías, castigaría a la llamada Perla del Soconusco al eliminarse sus pocos beneficios fiscales con los que cuenta, sin embargo es algo que no ha contemplado el edil quien al parecer no ha sido informado por su tesorero municipal.
Por último, hizo un llamado a los sectores empresariales y comerciales de la ciudad de Tapachula, a sumar esfuerzos para que de manera conjunta trabajen contra este terrorismo fiscal que pretende Gurria Penagos, y que mejor a través del amparo, ya que en caso de acceder lo único que causarían son problemas para el municipio, además de que es un cobro ilegal ya que el Congreso del Estado no ha votado por este cobro.
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