A través de un informe de la Amnistía Internacional, señala que Tapachula es una cárcel al aire libre para la comunidad haitiana que esta varada en esta ciudad fronteriza sin poder obtener papeles y sin poder salir de ella, piden a México y Estados Unidos frenar con su deportación.
El informe realizado en Tapachula indica que las personas haitianas necesitan protección internacional urgente, pues esperan el resultado de sus solicitudes de asilo en condiciones inhumanas, tras hacer el peligroso viaje a través de América del Sur y Central en busca de seguridad, así como una mejor calidad de vida.
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Las autoridades no brindan protección internacional y seguridad a las personas haitianas en movimiento, lo que las expone a diversas violaciones de derechos humanos, como detenciones y expulsiones sin el debido procedimiento por parte de las leyes mexicanas y de los Estados Unidos.
La comunidad haitianas sufre extorsión; discriminación racial; abusos de grupos armados, que incluyen la violencia de género, falta de acceso a vivienda adecuada, atención de la salud y empleo, afirman Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance en un nuevo informe publicado hoy.
El informe concluye que México está tomando medidas que en la práctica, podrían estar restringiendo el acceso a protección de las personas haitianas en varios aspectos. Entre estas medidas, se cuentan las devoluciones ilícitas y las expulsiones sin el debido procedimiento a Haití y Guatemala y sin evaluaciones de protección, lo que viola el principio de no devolución.
El informa revela que más de 26 mil personas haitianas han solicitado asilo en México este año y que un promedio de 10 mil 800 han sido regresados a Haití, principalmente por los Estados Unidos.
Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance pidieron a los Estados Unidos y México pongan fin a las deportaciones a Haití y apliquen con urgencia medidas de protección a las personas haitianas, como el asilo y otras vías a la residencia legal, para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de seguridad.
El derecho internacional y regional de los derechos humanos prohíbe que los Estados devuelvan a personas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro, situación que es claramente aplicable a Haití, un país que enfrenta desafíos como la violencia generalizada de bandas, las violaciones masivas de derechos humanos, incluidos presuntos crímenes de lesa humanidad, la inseguridad alimentaria generalizada, un terremoto reciente, y la inestabilidad política tras el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse, sin embargo, México y Estados Unidos lo siguen haciendo.
