Por casi 17 años, poco más de 50 familias de Acapetahua han mantenido un asentamiento poblacional en un predio de más de 360 hectáreas, ubicado en un Área Natural Protegida (ANP) del gobierno federal y que se localizan en la comunidad de Río Arriba Salvación de este municipio.
Según los pobladores, ellos tienen un trámite legal y oficial ante las dependencias federales quienes les han permitido habitar esta zona durante estos años con el compromiso de utilizarlas exclusivamente como zona habitacional y aprovelas tierras para cultivo, pero sin dañar al ecosistema en el que se encuentran.
Pugnas con otras comunidades
Según Fidel Méndez Gutiérrez, representante del predio al que han denominado "14 de Diciembre Asentamiento Popular AC"., existe una lucha de intereses con gente de comunidades colindantes donde hay manipulación y compra de autoridades de los líderes para buscar desalojar al asentamiento que ellos han creado, situación que en menos de un año, ya generó la muerte de dos personas de su grupo, sin hasta ahora que existan responsables.
Señaló, que las familias que ahí habitan son de escasos recursos, no tienen otro lugar en dónde de vivir y los cultivos tradicionales que siembran son básicamente para su autoconsumo y los estudios básicos de sus hijos.
Además Méndez Gutiérrez indicó, que otra de sus preocupaciones es que exista más derrama de sangre entre pobladores colindantes que se quieren apropiar de estas tierras, así como un posible desalojo por parte del gobierno del Estado, por lo que realizaron el llamado al gobernador de Chiapas doctor Rutilio Escandón Cadenas, con la intención de establecer un acercamiento y diálogo, ya que señalan haber acudido ante el gobierno federal donde fueron atendidos y escuchados, demostrando que existen trámites de posesión los cuales llevan un avance significativo en favor de este asentamiento.
Por último señaló, que recientemente han visto sobrevolar la zona a algunos helicópteros, aumentando el temor de sus familias, por lo que piden ser escuchados y estudiar los trámites legales que mantienen con dependencias del gobierno federal, acciones de las que también tiene conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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