Luego de los hechos que marcaron el mal llamado lunes negro el pasado 27 de enero, sociedad civil exigió al Congreso del Estado de Chiapas, dar seguimiento a los hechos violentos en contra de indígenas Mam y comunicadores que fueron salvajemente golpeados por policías municipales, presuntamente enviados por el presidente de Tapachula, Óscar Gurria Penagos.
Federico Valdez Galán, miembro de la Asamblea Popular del Soconusco, destacó que a la fecha no existe una línea de investigación en contra del alcalde y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Enoc Palazuelos, a pesar de que diversos medios de comunicación replicaron la noticia a través de sus portales, sobre dichas agresiones y que fue tendencia nacional.
Destacó que no basta una carta de disculpas dirigida al Congreso del Estado como justificante de los hechos violentos que no solo agredió a los habitantes de Pavencul, sino también los pueblos indígenas del país, a pesar de que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sea un sabio defensor del respeto a sus derechos humanos y sus etnias.
Reconoció que la decisión de destituir de sus cargos a los policías fue buena idea, sin embargo se debe reconocer que ellos solo siguieron ordenes de sus superiores, además recalcó que con el simple hecho de que la Guardia Nacional (GN) estuviera presente en el momento de las agresiones, fue porque fueron solicitados por el mismo alcalde, de lo contrario jamás se hubieran aparecido.
Por ello, dijo que es importante que se investigue de manera profunda al alcalde y su secretario de seguridad pública, de lo contrario solo quedará demostrada la impunidad que impera en la ciudad de Tapachula o de que realmente el gobierno de Chiapas no quiere ninguna desestabilización política en el estado, sin embargo existe el riesgo de que eso suceda en caso de que la misma población llegue un momento a cansarse y actúe en contra de la represión.
Por último, afirmó que ese día se violentaron dos derechos importantes para la sociedad: la privatización de la libertad de expresión contra los comunicadores y periodistas, así como también discriminación, violencia y secuestro de los habitantes de Pavencul, quienes permanecieron incomunicados por sus familias durante varias horas de arresto.
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