Los 10 decretos de Reservas de Agua para el ambiente de 300 cuencas de México aprobados por el presidente Enrique Peña Nieto, en realidad suprimieron la veda que protegía miles de millones de metros cúbicos superficiales para la comercialización, por lo que la cláusula de uso público urbano abre la posibilidad de que gobiernos estatales y municipales puedan concesionar volúmenes indiscriminados del recurso hídrico a empresas refresqueras, cerveceras, constructoras, mineras e industrias extractivas, para el fracking, compitiendo con el suministro para las comunidades y la ecología, señaló en entrevista para El Sol de México Pedro Moctezuma Barragán, académico de la UAM e integrante de la organización Agua para Todos.
Aunque Roberto Ramírez de la Parra, director del Consejo Nacional del Agua (Conagua), haya explicado en distintos medios que “no se privatiza el agua”, sino que esa decisión histórica protege la mitad del agua superficial del país y beneficiará a 45 millones de personas, 82 áreas naturales protegidas y 64 humedales de importancia internacional o sitios Ramsar, para Moctezuma Barragán un“modelo de gestión del agua” se ha venido dando desde el año 2000, donde gobiernos estatales “han cambiado leyes locales para beneficio empresarial como ocurrió en Baja California donde el gobernador Kiko de la Vega otorgó 20 mil millones de metros cúbicos de agua a la cervecera Costellation Brands para exportación, en detrimento de los habitantes del Valle de Mexicali con estrés hídrico muy importante, con 50 grados centígrados y la población sedienta”.
Al igual que en el Río Pánuco, Soto La Marina, en Tamaulipas. Ya hay concesión para “Monterrey 6, la Presa Las Cruces: 200 mil millones de metros cúbicos de San Pedro Mezquital para la CFE”, subrayó el integrante de Agua para Todos.
Con esta política cierra “Peña Nieto su administración, que no contempla el derecho humano al agua. Nunca antes en la historia se habían firmado esos decretos como ahora, eliminando esas vedas, cediendo al agua al uso mercantil”.
Informó el académico que presentaron un proyecto alterno a la propuesta de cambios a la nueva Ley General de Aguas Nacionales 2013, estancada desde el pasado mes de febrero de 2018.
La organización civil propuso al Gobierno federal que haya “Consejos Ciudadanizados de Cuenca, construidos vía participación abierta desde el nivel local, que consensarían planes vinculantes para cumplir con metas nacionales. Se daría reconocimiento y prioridad a los sistemas de agua potable y saneamiento organizados por pueblos, comunidades o usuarios.
Los sistemas municipales y de la CdMx serían administrados por consejos compuestos mayoritariamentepor representantes territoriales elegidos en asambleas abiertas, con controles para garantizar equidad, eficacia y transparencia”.
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