La Ciudad de México y el estado de Jalisco son las dos entidades del país que más presuntas violaciones de derechos humanos registraron a nivel institucional durante 2021, denunció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los datos presentados en su Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHE-F) 2022, la capital del país y la entidad occidental concentraron en conjunto el 33 por ciento de los hechos calificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) como presuntas violaciones a las garantías individuales.

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La entidad gobernada por Claudia Sheinbaum −una de las figuras más destacadas rumbo a la sucesión presidencial− acumuló la mayor cantidad de estas presuntas violaciones a derechos humanos a lo largo del año pasado con 29 mil 130, lo que representó el 20.28 por ciento de las 143 mil 619 identificadas a nivel nacional.

Mientras, el estado gobernado por Enrique Alfaro, uno de los dos únicos mandatarios abanderados por Movimiento Ciudadano, le siguió con 16 mil 861, es decir, poco menos del 12 por ciento.

Sin detallar qué violaciones de derechos son las que proliferan más en las instituciones de esas demarcaciones, a nivel nacional el Inegi encontró que estas responden mayoritariamente a faltas al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, con 13 mil 651 y negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, con nueve mil 179.

También se encuentran las detenciones arbitrarias, con cinco mil 949; la omisión en la fundamentación y motivación de un acto de autoridad, con cuatro mil 451; y la omisión de la prestación de atención médica, con tres mil 687.

Las autoridades que caen más en el incumplimiento de su deber a nivel federal son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema Penitenciario Federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en su conjunto sumaron siete mil 604.

En cuanto a nivel regional, los OPDH reportaron que las instituciones que más afectaron las garantías de la ciudadanía fueron las fiscalías o procuradurías locales, que por sí solas acumularon 19 mil 421 faltas, aunque le siguen las policías estatales, con nueve mil 864; los presidentes municipales o alcaldes, con ocho mil 500; los sistemas penitenciarios locales, con seis mil 784; y las policías municipales y/o viales, con seis mil 496.

Por otra parte, aunque el ejercicio del Inegi no expresa conclusiones de los datos revelados, pues su objetivo es vincular lo encontrado a los gobiernos locales y el federal para el diseño e implementación de políticas públicas, el instituto a cargo de Graciela Márquez encontró que a pesar de estos altos números el año pasado −marcado por la pandemia de Covid-19− tuvo una disminución de 46 por ciento de violaciones de derechos humanos en comparación con las 265 mil 668 cometidas en 2020.