/ miércoles 8 de noviembre de 2023

El Espectador | El problema es la corrupción, y también la total impunidad


Los números lo confirman: más allá del fenómeno cultural de la corrupción, la impunidad es la problemática número uno del país, pues el Estado ha faltado a su obligación de atender oportuna, gratuita y eficazmente cualquier violación a los derechos de una persona. Hay en la actualidad estudios que apuntan hacia proporciones mayores a 90 por ciento en cuanto a número de delitos que se mantienen impunes. Por supuesto que también hay casos de éxito, por ejemplo, según el más reciente Censo de Impartición de Justicia en los estados que elabora el INEGI, Hidalgo de Julio Menchaca ocupa el primer lugar nacional en el número de carpetas con resoluciones sobre vinculación a proceso: hasta el 98.4 por ciento de los casos en el último año los ha ganado allá la Procuraduría General de Justicia local, quizá porque llegó a encabezarla el extitular de la UIF a nivel federal Santiago Nieto Castillo.

Después de Hidalgo, Sonora de Alfonso Durazo; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro, y Puebla, de Sergio Salomón Céspedes, son las entidades en las que se logra una proporción mayor de vinculaciones a proceso respecto a las carpetas de investigación que se inician y que se presentan al Poder Judicial; son alrededor de 96 por ciento los casos exitosos de procuración de justicia en los tres territorios.

¿Los gobiernos de Morena lo están haciendo bien? Parece que el tema partidista no es el parámetro; puesto que Zacatecas de David Monreal; Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla; Tabasco, de Carlos Merino, y Tlaxcala, de Lorena Cuéllar, resultan los estados con menos efectividad para procesar a los presuntos delincuentes que participaron en los 300 mil ilícitos registrados durante 2022. Por ahí se cuela también entre los menos efectivos Aguascalientes de la panista Teresa Jiménez.

Habrá que mencionar que hay estados como Baja California Sur de Víctor Castro; Colima, de Indira Vizcaíno; Estado de México, ahora de Delfina Gómez; Nuevo León, de Samuel García; Oaxaca, de Salomón Jara, y Tamaulipas, de Américo Villarreal, que no pudieron “rankear”, básicamente porque sus juzgados y tribunales no contaron con los datos necesarios para transparentar el detalle de sus procedimientos.

Lo que sí tuvieron que entregar todos los órganos judiciales estatales fue el detalle del ejercicio de los más de 48 mil millones de pesos con los que funcionaron el año pasado. La Ciudad de México fue la entidad donde el Poder Judicial ejerció más recursos, 7 mil 381 millones de pesos en el 2022; seguido del Edomex, con 5 mil millones; Chihuahua, con casi 3 mil millones; Nuevo León, con 2 mil 700 millones, y Jalisco, donde el presupuesto fue de 2 mil millones. La publicación de las cifras de procuración de justicia del INEGI coincide con el anuncio de Santiago Nieto sobre que buscará una senaduría por su natal estado de Querétaro; por lo que, aseguran, puede ser un muy buen empujón lo que se ha logrado en Hidalgo para que Morena atraiga votos en un estado que ha sido dominado por el panismo.



Los números lo confirman: más allá del fenómeno cultural de la corrupción, la impunidad es la problemática número uno del país, pues el Estado ha faltado a su obligación de atender oportuna, gratuita y eficazmente cualquier violación a los derechos de una persona. Hay en la actualidad estudios que apuntan hacia proporciones mayores a 90 por ciento en cuanto a número de delitos que se mantienen impunes. Por supuesto que también hay casos de éxito, por ejemplo, según el más reciente Censo de Impartición de Justicia en los estados que elabora el INEGI, Hidalgo de Julio Menchaca ocupa el primer lugar nacional en el número de carpetas con resoluciones sobre vinculación a proceso: hasta el 98.4 por ciento de los casos en el último año los ha ganado allá la Procuraduría General de Justicia local, quizá porque llegó a encabezarla el extitular de la UIF a nivel federal Santiago Nieto Castillo.

Después de Hidalgo, Sonora de Alfonso Durazo; Nayarit, de Miguel Ángel Navarro, y Puebla, de Sergio Salomón Céspedes, son las entidades en las que se logra una proporción mayor de vinculaciones a proceso respecto a las carpetas de investigación que se inician y que se presentan al Poder Judicial; son alrededor de 96 por ciento los casos exitosos de procuración de justicia en los tres territorios.

¿Los gobiernos de Morena lo están haciendo bien? Parece que el tema partidista no es el parámetro; puesto que Zacatecas de David Monreal; Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla; Tabasco, de Carlos Merino, y Tlaxcala, de Lorena Cuéllar, resultan los estados con menos efectividad para procesar a los presuntos delincuentes que participaron en los 300 mil ilícitos registrados durante 2022. Por ahí se cuela también entre los menos efectivos Aguascalientes de la panista Teresa Jiménez.

Habrá que mencionar que hay estados como Baja California Sur de Víctor Castro; Colima, de Indira Vizcaíno; Estado de México, ahora de Delfina Gómez; Nuevo León, de Samuel García; Oaxaca, de Salomón Jara, y Tamaulipas, de Américo Villarreal, que no pudieron “rankear”, básicamente porque sus juzgados y tribunales no contaron con los datos necesarios para transparentar el detalle de sus procedimientos.

Lo que sí tuvieron que entregar todos los órganos judiciales estatales fue el detalle del ejercicio de los más de 48 mil millones de pesos con los que funcionaron el año pasado. La Ciudad de México fue la entidad donde el Poder Judicial ejerció más recursos, 7 mil 381 millones de pesos en el 2022; seguido del Edomex, con 5 mil millones; Chihuahua, con casi 3 mil millones; Nuevo León, con 2 mil 700 millones, y Jalisco, donde el presupuesto fue de 2 mil millones. La publicación de las cifras de procuración de justicia del INEGI coincide con el anuncio de Santiago Nieto sobre que buscará una senaduría por su natal estado de Querétaro; por lo que, aseguran, puede ser un muy buen empujón lo que se ha logrado en Hidalgo para que Morena atraiga votos en un estado que ha sido dominado por el panismo.


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miércoles 22 de noviembre de 2023

El Espectador | Se cuelan empresas espías a la 4T

Las empresas de espionaje favoritas de la administración de Enrique Peña Nieto lograron colarse en la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador. Los israelíes continúan operando casi en secreto con gobiernos estatales a quienes les ofrecen servicios de inteligencia y seguridad. En los últimos años SYM Servicios Integrales, de Niv Moshe Yarimi, ha firmado contratos millonarios con gobernadores principalmente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los servicios de esta compañía han sido contratados por Michoacán, que comanda Alfredo Ramírez Bedolla; Yucatán, de Mauricio Vila Dosal; Nayarit, a cargo de Miguel Ángel Navarro Quintero; Aguascalientes, de María Teresa Jiménez; Chiapas, de Rutilio Escandón; Campeche, de Layda Sansores, y Sinaloa, de Rubén Rocha Moya. A la empresa, parte del Grupo Kabat, se le ha identificado entre los compradores de gobierno como intermediaria de Hacking Team, propietaria del software Galileo. Pese a que Niv Moshe, joven empresario de origen israelí, ha dicho que desde 2015 ya no hace de intermediario para empresas de cibervigilancia, pues ahora concentraría sus actividades en el uso de objetos conectados para mejorar la seguridad de las ciudades, los documentos oficiales lo contradicen. Los gobiernos en los estados han adquirido a través de SYM Servicios Integrales el software de geolocalización Neolinx, licencias informáticas por ejemplo de Oxygen Forensics con capacidad para extraer y analizar información de dispositivos móviles, y el Sistema Forense Celular Cellebrite, que extrae, decodifica y analiza información de teléfonos inteligentes. También les ha vendido cámaras, torres arriostradas, el servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, plataformas de radiocomunicación, drones, entre otros bienes. Niv Moshe Yarimi puede localizarse a través de las empresas SYM Servicios Integrales, CityShob Software LTD y Kabat. Niv, el hombre que llegó como un sencillo Profesor de Computación en idioma hebreo a la Asociación Maguen David, es un importante aliado del Ministerio de Defensa del Estado de Israel en esta nación. Hasta hace unos años solamente era conocido entre algunos funcionarios como intermediario de Hacking Team. Y entre algunos empresarios como un judío con muy mal humor al que era muy difícil cobrarle las facturas. Niv Moshe Yarimi es un migrante que se mueve sigilosamente entre la opinión pública, pero es un personaje muy conocido en la industria de la seguridad por su cercanía con la Embajada de Israel. Niv fungía como representante legal de SYM Servicios Integrales hasta febrero del 2019, empresa que tiene su matriz en la Ciudad de México, en Ejército Nacional 57, y una sucursal en Colombia, en la Gran Sabana Parque Industrial, en la bodega 49, en Cundinamarca. Cedió su puesto como operador legal a Adriana Almazán Juárez, quien también se convirtió en titular de la marca KABAT ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Resalta que hace unos meses también le dieron poderes sobre Promotora Kabat Seguridad Privada a Perla Yazmín Ibarra Olvera, Dror Shikragi Keller, Ariel Szpecht, Emanuel Bleier Shilibolsky y Zvi Michaeli. Kabat fue fundada en 2004 por Niv Moshe Yarimi y otorgó poderes sobre la marca y el negocio en un inicio a Arturo Hernández Dávila, Loreto Donizetti García Jaen, Luis Ignacio Rosales Barrios y Juan Gabriel Mendoza Libreros. Zvi Michaeli, quien aparece hoy como uno de los socios en Kavat, es el fundador y CEO de Maguen Group, una empresa de seguridad privada fundada por ex-militares de origen israelí y mexicano. “Nuestro servicio de protección integral gestionada por expertos en salvaguardar personas, activos e información de alto valor, vincula la inteligencia militar, con la visión estratégica y la tecnología más avanzada”, informan en su portal.

Hiroshi Takahashi

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