Dos meses han pasado desde el asesinato del presidente municipal, Rubén Valdez Díaz, y la paz no ha regresado a Teopisca. Y es que, lo que debió ser un proceso de relevo ordinario, con la elección de un presidente interino, terminó con la disolución forzada del ayuntamiento constitucional y la imposición de un Concejo Municipal plagado de sospechas.
Lo que hoy tiene paralizada a la región altos, con protestas y tomas de carreteras de manera contante, no es responsabilidad exclusiva de pobladores enardecidos o una ex síndico obstinada, como se ha querido hacer ver. La inestabilidad tiene de fondo al Congreso de Chiapas y su anómala intervención excedida para devolver el poder a la familia de caiques que durante años han gobernado Teopisca.
Aquí no hubo disimulo para hacer valer los “pactos oscuros” entre grupos políticos. El legislativo estatal se encargó de disolver el ayuntamiento constitucional mediante maniobras forzadas y engañosas, porque el relevo legal y el nombramiento de un presidente interino simplemente ya no convenía a quienes habían negociado y comprado electoralmente el ayuntamiento durante los comicios pasados.
Con el presidente municipal Rubén Valdez Diaz muerto a mitad de su administración “se necesitaba” devolverle el gobierno municipal a la familia. Y así lo hizo el Congreso. Para ello, casi de manera inmediata al asesinato, hicieron renunciar a las y los regidores, bajo mentiras, acuerdos y amenazas que quedaron documentadas en las denuncias públicas de algunos de ellos.
La designación de la o el presidente municipal interino por orden de prelación, como lo establece la Constitución, quitaba el control absoluto del gobierno municipal (y sus recursos públicos) a la familia Valdez Díaz. Por eso la maniobra ejecutada desde el legislativo... Pero no todos los integrantes del Cabildo accedieron a firmar la renuncia forzada. Fue la síndico Josefa María Sánchez Pérez quien se negó a participar.
Con las ya claras intenciones de simular la desaparición del ayuntamiento constitucional y consumar la imposición de un nuevo presidente externo al cabildo electo, las protestas se desataron. Pobladores de 52 comunidades en aquel municipio iniciaron las movilizaciones para pedir que el nuevo presidente emanara del ayuntamiento electo y no se consumara imposición pactada. Pero fueron ignorados.
Pese a la promesa del Congreso de valorar su propuesta, el 24 de junio pasado, a espaldas de los propios pobladores, el legislativo estatal confirmó la disolución del ayuntamiento y nombró a las nuevas autoridades, mediante la figura de Concejo Municipal, poniendo a la cabeza -como presidente- nada más y nada menos que a Luis Valdez Díaz, hermano del alcalde asesinado.
Cumpliendo acuerdos, el Congreso de Chiapas terminó entregando el gobierno municipal a Luis Valdez, quien ya había sido presidente municipal de Teopisca en dos ocasiones, dejando detrás una serie de señalamientos por violencia y corrupción. Así fue como el legislativo se encargó de devolver el gobierno a la familia de caciques, operadores del Partido Verde Ecologista en ese municipio desde la llegada de Manuel Velasco, sin importar nada.
Por eso la situación ha escalado hasta donde hoy la conocemos. Los pobladores han sido engañados una y otra vez para replegar sus protestas. Así, aunque han intentado focalizar el conflicto en la figura la ex síndico Josefa Sánchez, el Congreso sabe ahora perfectamente que su detención o eliminación forzada del conflicto no ha va a detener la insurrección de los pobladores, pues la situación tiene un fondo que ya va más allá de ella.
Lo que sucede hoy con el caso Teopisca, que ya afecta a varios municipios más allá de la zona de conflicto, tiene un fondo mas turbio de lo que se quiere hacer ver. Y es que, el servilismo legislativo con los grupos políticos sigue encendiendo polvorines en una entidad donde la situación requiere de diálogo y mayor sensibilidad a la hora de resolver problemas para no terminar convirtiéndolos en conflictos mayores… así las cosas.
