La inclusión de la minería en las recientes iniciativas de Andrés Manuel López Obrador no fue sorpresa. Dicho rubro como dice un experto está “bajo acecho”.
El miércoles estuvo en el Congreso María Luisa Albores de Semarnat, para promover la prohibición al “fracking” para el petróleo y la minera a cielo abierto que es el 60% de toda la actividad actual.
Esta fórmula comenzó a utilizarse en los 70´s. En muchas zonas los recursos minerales no están a profundidad sino dispersos en la superficie.
De aprobarse los cambios constitucionales, las actuales explotaciones a tajo abierto seguirán, pero a futuro se restarán opciones a ese rubro, de ahí la preocupación en Camimex de Jaime Gutiérrez.
De por sí el actual gobierno no ha otorgado ninguna nueva concesión en el sexenio. Imaginará lo que significa para un rubro que opera en 24 estados, 212 municipios y genera 417,000 empleos.
Semarnat con apoyo de Conagua de Germán Martínez o Conafor de Luis Meneses también mantienen paralizados todos los permisos. Es por consigna.
Agregue las últimas reformas a la ley en donde toda la exploración depende del Servicio Geológico de Flor de María Harp. Un particular que invierta para hallar un yacimiento luego tiene que concursar por el mismo y no hay garantía de ganarlo. También se decretó que el litio es sólo para el Estado.
Los ajustes a ley y otras afines, aprobados el año pasado, ni siquiera tiene reglamento porque Economía de Raquel Buenrostro dejó pasar los tiempos legales.
Pero además sí el litio, ligado a la transición energética se reservó, a futuro no hay garantía para que no suceda lo mismo a otros también nodales como cobre, cobalto, níquel o grafito, por citar algunos.
