/ jueves 25 de julio de 2019

Familias campesinas sufren despojo de sus terrenos en Tapachula

Los afectados, personas de escasos recursos económicos cuentan con las escrituras, planos y el pago predial vigente, el Tribunal de “Justicia” permitió el despojo. 

Presumen corrupción e influyentísimo

Denuncian tráfico de influencias y presuntos actos de corrupción en el tribunal de justicia, luego de favorecer a personajes ligados con notarios públicos y personajes de la política de la ciudad para despojar de parte de un terreno a dos familias campesinas del cantón Leoncillos de la zona sur de Tapachula.

Doña Enedina Molina Hernández y Herlinda Chacón Sánchez de 87 y 77 años respectivamente, son las propietarias de unos predios, pero por intereses particulares de un grupo de personas encabezadas por Rafael Pineda Amaya de origen guatemalteco y Arnulfo Rosales Tirado, presunto hermano de un reconocido notario, las despojaron de un tramo para hacer un camino.

Pidieron la intervención del Gobierno Federal, Municipal y del Estado, porque a pesar de que cuentan con escrituras, planos y el pago predial vigente, este grupo de personas, rompió el alambrado, tiraron árboles y cercaron un tramo para poder pasar con vehículos dentro de sus propiedades.

Ante esta situación, denunciaron ante el Tribunal de Justicia esta ilegalidad, en la que, al principio, el Juez, Edmar Ángel Juárez avaló la propiedad de los denunciantes, sin embargo, Arnulfo Rosales Tirado dijo al grupo de personas que invadieron el terreno, que tenía contactos dentro del Tribunal, y es por lo que, a través de una persona identificada como Cielo Rosales, presuntamente habló con el juez Francisco Guillén Guillén, para que se diera el fallo a favor de los invasores.

Ante este fallo, el 2 de julio pasado, a las 10:30 de la mañana, se presentó el actuario Heberto Espinoza Pérez y Arnulfo Rosales Tirado para tirar el alambre que señalaba el límite del terreno y procedieron a tirar árboles y medir el camino, y al mismo tiempo amenazaron a los propietarios con multarlos con 5 mil pesos cada vez que quisieran volver a bloquear ese camino.

Por tal motivo, Doña Enedina Molina Hernández y Herlinda Chacón Sánchez pidieron a las autoridades intervenir ante este atropello, porque indudablemente hubo corrupción dentro del Tribunal de Justicia al permitir que, por un predio legal, puedan hacer un camino para que estas personas puedan transportarse para evitar hacer un recorrido más largo, ya que el Cantón Leoncillos tiene caminos establecidos por la comunidad.

Presumen corrupción e influyentísimo

Denuncian tráfico de influencias y presuntos actos de corrupción en el tribunal de justicia, luego de favorecer a personajes ligados con notarios públicos y personajes de la política de la ciudad para despojar de parte de un terreno a dos familias campesinas del cantón Leoncillos de la zona sur de Tapachula.

Doña Enedina Molina Hernández y Herlinda Chacón Sánchez de 87 y 77 años respectivamente, son las propietarias de unos predios, pero por intereses particulares de un grupo de personas encabezadas por Rafael Pineda Amaya de origen guatemalteco y Arnulfo Rosales Tirado, presunto hermano de un reconocido notario, las despojaron de un tramo para hacer un camino.

Pidieron la intervención del Gobierno Federal, Municipal y del Estado, porque a pesar de que cuentan con escrituras, planos y el pago predial vigente, este grupo de personas, rompió el alambrado, tiraron árboles y cercaron un tramo para poder pasar con vehículos dentro de sus propiedades.

Ante esta situación, denunciaron ante el Tribunal de Justicia esta ilegalidad, en la que, al principio, el Juez, Edmar Ángel Juárez avaló la propiedad de los denunciantes, sin embargo, Arnulfo Rosales Tirado dijo al grupo de personas que invadieron el terreno, que tenía contactos dentro del Tribunal, y es por lo que, a través de una persona identificada como Cielo Rosales, presuntamente habló con el juez Francisco Guillén Guillén, para que se diera el fallo a favor de los invasores.

Ante este fallo, el 2 de julio pasado, a las 10:30 de la mañana, se presentó el actuario Heberto Espinoza Pérez y Arnulfo Rosales Tirado para tirar el alambre que señalaba el límite del terreno y procedieron a tirar árboles y medir el camino, y al mismo tiempo amenazaron a los propietarios con multarlos con 5 mil pesos cada vez que quisieran volver a bloquear ese camino.

Por tal motivo, Doña Enedina Molina Hernández y Herlinda Chacón Sánchez pidieron a las autoridades intervenir ante este atropello, porque indudablemente hubo corrupción dentro del Tribunal de Justicia al permitir que, por un predio legal, puedan hacer un camino para que estas personas puedan transportarse para evitar hacer un recorrido más largo, ya que el Cantón Leoncillos tiene caminos establecidos por la comunidad.

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