El Centro de Derechos Humanos (CDH) ha urgido a la Fiscalía General de la República (FGR) a tomar medidas urgentes, inmediatas y eficaces en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) debido a las denuncias de actos de corrupción y la trágica muerte de un migrante cubano mientras estaba bajo custodia.
Además, el CDH resalta la gravedad de la situación al poner de manifiesto pruebas de la muerte de un migrante mientras se encontraba bajo la responsabilidad de dicha institución.
Luis García Villagrán, coordinador del CDH A.C, señaló que a estas alturas la FGR ya debió haber llamado a algunos de los involucrados en las denuncias, pero no lo ha hecho, y recordó que la omisión también es corrupción por parte de la FGR.
Explicó que para hacer visible estos hechos ha llevado el caso a la esfera pública, compartiendo más de 30 declaraciones sobre el tema, enfocándose en el homicidio de un migrante. Por ello, ha demandado respuestas a las autoridades y justicia para las víctimas, poniendo fin a la impunidad.
“La indagatoria del Ministerio Público Federal deberá abordar la verdad detrás del asesinato y señalar a los responsables directos. Esto incluye a la directora de la estación migratoria y otros individuos implicados en la red de corrupción que existe en el Instituto Nacional de Migración de Tapachula”, expresó.
Señaló que el delegado del INM, Roberto González López, Farah Cerdio y Pablo Rosales Ibarra, lideran el cártel denominado INM en Chiapas por la emisión de documentos de personas con hijo, pero cuando salen de la ciudad no los llevan, y eso se puede verificar en las cámaras del Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT) por donde vuelan los migrantes ricos.
Añadió que en el AIT están la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y el INM, por donde a diario salen cientos de migrantes que nadie ve, pues seguramente están pagando en dólares para poder salir de la ciudad, ya que la autoridad migratoria no está dando documentos.
Comentó que, a pesar de las evidencias presentadas, la falta de avance en las investigaciones genera inquietudes sobre posibles obstáculos externos a la aplicación de la justicia. La persistencia de la corrupción y la aparente inercia de la Procuraduría General de la República plantean interrogantes sobre la efectividad del sistema de justicia del país.
Dijo que insistirá ante la FGR para que se aplique la justicia y se esclarezca lo que está pasando, ya que el ministerio público es el que representa a la sociedad, que está ávida de justicia y respuestas por parte de la autoridad federal.
Puntualizó que el éxodo de la pobreza que salió de Tapachula el pasado 24 de diciembre sigue avanzando, y ahora ya se encuentran en Juchitán, Oaxaca, de donde partirán mañana o pasado mañana.
