Pese a la oposición y la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía General del Estado, finalmente transportistas que cubren la ruta de Tapachula hacia las comunidades rurales de los cantones Chapultepec, Esperanza y Unión Miramar, cedieron a pagar una cuota mensual de 600 pesos por unidad para permitir que los colectivos de servicio el servicio y así levantar el bloqueo.
Y es que por más de una semana los habitantes de las comunidades rurales de Chapultepec y Cantón Esperanza cerraron el acceso de vehículos particulares, de transporte público, de reparto de abarrotes, gas y otros, como medida de presión para cobrar lo que los concesionarios señalaban como una extorsión, sin embargo, al final tras un acuerdo temporal cedieron al pago de una cuota diaria por pasar en ese tramo carretero.
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El bloqueo en las dos primeras comunidades afectó a los más de mil 500 habitantes de Unión Miramar, que al no haber paso de vehículos sufrieron la falta de víveres y servicios, lo que estuvo a punto de generar un social entre esa población.
Pero el estado de derecho, la intervención de las autoridades, la gestión de los transportistas y la renuencia a pagar por tratarse de una extorsión solo quedó en un episodio más, porque este lunes se firmó una minuta de acuerdos para que empiece el pago de la cuota de paso por sus comunidades, sin embargo, la denuncia que dio lugar a un registro de atención (RA) en la FGE sigue vigente y el acuerdo podría ser temporal a revisar los primeros meses del próximo año.
El bloqueo carretero encabezado por Faustino Mérida Hernández y José Domingo Recinos Cansino finalmente les rindió frutos, ante el poco interés de las autoridades de justicia y de gobierno del estado a través de la delegación en Tapachula para cumplir con el estado de derecho.
Con estas acciones otras comunidades se preparan para exigir también sus cuotas por el paso de las unidades, aduciendo que dañan las carreteras, y es que con anterioridad este tipo de situaciones ocurrieron en los Ejidos Miguel Hidalgo de Tuxtla Chico y Ejido Zaragoza de Tapachula, en ambos casos la resistencia de los transportistas para exigir sus derechos y el seguimiento ante las autoridades pero sobre todo la atención de la FGE impidió que de manera irregular se les cobrará un derecho de piso.
Además, los líderes que encabezaron estos movimientos fueron encarcelados por las faltas cometidas, pero en esta ocasión la situación fue distinta ante la aceptación de los directivos de la Cooperativa Ribera del Río Ortiz que brinda el servicio a esas comunidades.
