El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denunció el racismo institucional del Instituto Nacional de Migración (INM) en contra de la población afrodescendiente que está en Chiapas, principalmente en Tapachula.
Señala que este hechos se ha manifestado abiertamente contra la población afrodescendiente que han documentado y denunciado a largo de este 2021 y que fueron los ejes de reflexión del Foro “Panorama de Derechos Humanos desde la frontera sur de México 2021” realizado en días pasados.
Acusan que estas acciones, han propiciado mayor incertidumbre y tensión para las personas sobre sus procesos de solicitud de asilo y regularización migratoria, han agravado las condiciones de precariedad y vulnerabilidad, así como diversas violencias y violaciones.
Detallan que estos hechos denotan la agudización de diversos procesos violatorios de los derechos humanos de las personas migrantes con necesidades de protección internacional
Además consideran que la militarización de la política migratoria preocupa el avance de una estrategia de securitización hacia una de militarización de la política migratoria, que se refleja con el despliegue de más de 28 mil elementos de las fuerzas de seguridad nacional en las fronteras sur y norte de México tan sólo en los meses de julio y agosto.
Señalan que la presencia en el territorio para coordinar los llamados “operativos de rescate humanitario”, acciones de contención contra desplazamientos forzados colectivos y traslados de miles de personas deportadas y expulsadas desde Estados Unidos, así como de México se realizan a través de acciones sistemáticas de uso ilegítimo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza que han derivado incluso en asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes para la comunidad migrantes en territorio nacional.
Por lo narrado anteriormente, el COMDHSM pide a las autoridades: alto a las políticas de contención militarizada que violan los derechos de las personas migrantes y garantía de protección internacional.
El cese inmediato a la represión contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
Desvincular las acciones de control migratorio a las de la Guardia Nacional, para la operación de políticas garantistas de derechos. Las personas en movilidad no deben ser tratados como una amenaza.
Respeto, garantía y restitución de derechos de las personas en movilidad, incluido el traslado ordenado de sus procedimientos de regularización o refugio a otros estados
Espacios de diálogo interinstitucional para articular acciones y respuestas entre instituciones y sociedad civil organizada, a fin de ofrecer soluciones integrales que permitan el acceso pleno a derechos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
Eliminar y sancionar todo acto de racismo, xenofobia y discriminación institucional
Diseñar e implementar políticas públicas para garantizar a la población migrante y refugiada, el pleno ejercicio de sus derechos, desde el reconocimiento de las necesidades diferenciadas de las mujeres, la niñez, la población afrodescendiente e indígena y Lgbtttiq+
Investigar, sancionar y prevenir los delitos cometidos contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiada
Cese de la criminalización, y respeto de la labor de defensa de quienes acompañan y visibilizan violaciones a derechos humanos de personas en movilidad.
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Inmediatas investigaciones expeditas y exhaustivas con perspectiva de género, acceso a la justicia, reparación y garantías de no repetición del asesinato de la mujer haitiana en el municipio de Suchiate
