La consulta popular, que se hará el próximo 1 de agosto, ha provocado opiniones en contra sobre lo que llaman “la consulta para enjuiciar a los expresidentes”, a pesar que la pregunta que habrá de votarse, se refiera a otra cuestión.
El dirigente de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Soconusco (COCES), Francisco Aranda Tinajero, catalogó la consulta como un distractor del Gobierno Federal para no atender los problemas relevantes del país, que lo comparó con la famosa rifa del avión que no era avión.
Además, refirió que la consulta representa un gasto innecesario ante las necesidades urgentes del país, como es la compra de medicamentos, atender la pandemia del Covid-19, o simplemente generar condiciones para establecer un país más seguro, por lo que reiteró que esta consulta es innecesaria.
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También calificó esta consulta como un absurdo, donde se pretende aplicar la justicia a quienes cometieron un delito preguntándole a la gente, cuando la constitución política señala en sus códigos que aquella persona que haya cometido un delito debe ser enjuiciada, sin elevarse a una consulta popular.
Aunque, a decir verdad, la pregunta original que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, era “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aprobó la legalidad de la consulta, cambió la pregunta para ajustarla a los límites de la Constitución, con lo que quedó de la siguiente forma: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Por su parte, el presidente de la asociación Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero, afirmó que hay problemas en México, en el que el gobierno federal debería tomar toda su atención, como es el tema de la crisis migratoria en la frontera sur del país, la incesante inseguridad y la pandemia del Covid-19, sin embargo, prefiere darle todo su tiempo a una consulta ilusoria.
Puntualizó que la consulta no es más que un engaño para la población, ya que es algo que nunca va a suceder, por lo que será solo un derroche de recursos que bien pueden emplearse para atender otras problemáticas.
Cabe hacer mención que este ejercicio será organizado por el Instituto Nacional Electoral y para que sea vinculante, se necesita que al menos 40 % del padrón de electores vote.
