/ martes 2 de abril de 2019

Desplazados de Pavencul y Toquián piden intervención del Gobierno Federal

Urge intervención de la CNDH


Ni los testimonios desgarradores de la gente, ni los llantos de niños o de mujeres de las comunidades de Pavencul y Toquían sensibilizan a las autoridades para actuar ante el conflicto en la zona Alta de Tapachula que lleva ya tres años y que en las últimas fechas ha provocado que muchas familias se escondan o huyan a las montañas y busquen asilo en territorio de Guatemala abandonando casas, bienes y parcelas, condenados a vivir en la incertidumbre ante la nula actuación de la justicia, donde la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa pese al latente temor de pobladores a perder sus vida o las de sus seres queridos.

Conforme pasan los días, se conoce más sobre los daños ocurridos en días pasados, ahora se sabe que fueron 10 casas afectadas donde vivían más de dos familias en cada una de estos hogares y que son al menos ocho vehículos particulares dañados y quemados.

Además son pocas las personas que han denunciado los hechos debido a que han perdido la credibilidad en las autoridades impartidoras de justicia en el estado, ya que según los denunciantes la autoridad ya tiene conocimiento de los nombres de los cabecillas que han cometido los desmanes en estas comunidades, sin embargo, no actúan desde hace tres años.

Por otra parte, entre quienes dan testimonios de los hechos violentos se encuentran don Rosendo Sánchez y doña María Robledo, personas de la tercera edad a quienes les quemaron sus casas y perdieron todo, mismos que aseguran que sólo una iglesia cristiana les brindó apoyo y refugio sin que hasta el momento alguna autoridad los apoye.

Hoy, los afectados piden a la CNDH y a organismos internacionales que los apoyen, ya que las autoridades de Chiapas ya lo saben pero no hacen nada por la gente que se encuentra desplazada y amenazada a que si regresan a sus comunidades deberán de pagar una multa a las autoridades rurales de 60 mil pesos. Aseguran que dentro de este conflicto aparecen personas ajenas a la comunidad interesadas en el control del transporte público de la zona ya que existen evidencias de que el grupo agresor se reunió en Tapachula con líderes trasportistas.


Ni los testimonios desgarradores de la gente, ni los llantos de niños o de mujeres de las comunidades de Pavencul y Toquían sensibilizan a las autoridades para actuar ante el conflicto en la zona Alta de Tapachula que lleva ya tres años y que en las últimas fechas ha provocado que muchas familias se escondan o huyan a las montañas y busquen asilo en territorio de Guatemala abandonando casas, bienes y parcelas, condenados a vivir en la incertidumbre ante la nula actuación de la justicia, donde la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa pese al latente temor de pobladores a perder sus vida o las de sus seres queridos.

Conforme pasan los días, se conoce más sobre los daños ocurridos en días pasados, ahora se sabe que fueron 10 casas afectadas donde vivían más de dos familias en cada una de estos hogares y que son al menos ocho vehículos particulares dañados y quemados.

Además son pocas las personas que han denunciado los hechos debido a que han perdido la credibilidad en las autoridades impartidoras de justicia en el estado, ya que según los denunciantes la autoridad ya tiene conocimiento de los nombres de los cabecillas que han cometido los desmanes en estas comunidades, sin embargo, no actúan desde hace tres años.

Por otra parte, entre quienes dan testimonios de los hechos violentos se encuentran don Rosendo Sánchez y doña María Robledo, personas de la tercera edad a quienes les quemaron sus casas y perdieron todo, mismos que aseguran que sólo una iglesia cristiana les brindó apoyo y refugio sin que hasta el momento alguna autoridad los apoye.

Hoy, los afectados piden a la CNDH y a organismos internacionales que los apoyen, ya que las autoridades de Chiapas ya lo saben pero no hacen nada por la gente que se encuentra desplazada y amenazada a que si regresan a sus comunidades deberán de pagar una multa a las autoridades rurales de 60 mil pesos. Aseguran que dentro de este conflicto aparecen personas ajenas a la comunidad interesadas en el control del transporte público de la zona ya que existen evidencias de que el grupo agresor se reunió en Tapachula con líderes trasportistas.

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