La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la emitir medidas cautelares para las mujeres privadas de su libertad, así como hijos y personal que labora en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 4.
La petición va dirigida a la Comisaria General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas (SSPC), y al Comisario Jefe Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas, debido al peligro que corre la integridad física de estas personas por las malas condiciones de infraestructura e insalubridad del inmueble.
Lo anterior, dijo la CNDH, como parte de las acciones de supervisión que se llevan a cabo en diversos centros penitenciarios del país, por parte de personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.
“En la visita al Estado de Chiapas, se observó que el Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4, Tapachula Femenil, se encuentra catalogado en su infraestructura como un inmueble de alto riesgo de acuerdo a dictámenes de protección civil, lo que coloca en peligro eminente la integridad personal, la salud y la vida de las mujeres privadas de la libertad, de las hijas e hijos que viven con ellas y del personal que labora al interior del mismo”, señaló el organismo.
Expuso que personal de esta Comisión Nacional detectó que el centro penitenciario cuenta con diversas goteras en diferentes áreas como los baños, filtraciones de agua, cortes eléctricos, moho en diversas paredes, tanques de gas en los pasillos, así como deficientes condiciones de higiene y deterioro en las estancias, cocina, coladeras, áreas comunes, y un gran número de fauna nociva.
Los riesgos en los que se encuentran las mujeres privadas de su libertad ya habían sido previstos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en el que se advirtió que, ante una catástrofe natural o sismo, se podrían generar daños irreparables en la integridad y en la vida de todas las personas que viven y laboran en el centro penitenciario, instando a las autoridades a actuar de manera prioritaria, diligente, con oportunidad, con perspectiva de género y conforme el principio de trato humano en su calidad de garantes a favor de dichas personas.
