Ejidatarios y avecindados del ejido Pavencul, ubicado en la zona alta de Tapachula, denunciaron presuntas amenazas que de manera constante ejercen las autoridades de esa comunidad, por lo que piden el apoyo del gobierno en sus tres niveles para frenar estos atropellos.

Los habitantes quienes pidieron la omisión de sus nombres para proteger su identidad, integridad física y la de sus familias mencionaron que viven constantemente con zozobra y miedo de que las autoridades puedan cumplir sus amenazas derivadas de un viejo conflicto social donde existe una pugna por el control del autotransporte público denominado Sociedad Cooperativa de Unión de Ejidos Toquían Grande-Pavencul.

Este conflicto por el transporte ejidal, en fechas pasadas ha puesto en riesgo a decenas de familias donde se han registrado enfrentamientos, con daños en viviendas, cultivos, vehículos y lesiones a las personas, así como el corte de los servicios básicos como agua y energía eléctrica, entre los grupos en pleito.

Detallaron que ante este conflicto que parece no tener fin, nuevamente alzan la voz solicitando la intervención del gobierno del estado y federal además de organizaciones como Derechos Humanos, para prevenir que se registren más daños materiales y humanos, ya que continúan las amenazas a familias que no son del agrado de las autoridades ejidales.

Denunciaron a Juan López, Lucio Díaz, Guillermo Pérez, Gerónimo Bartolón y Benjamín Pérez, como las personas que presuntamente amenazan constantemente con quemar sus viviendas y cultivos, por lo que apresuraron la intervención de las autoridades antes de que se origine un derramamiento de sangre.

Recordaron que en meses anteriores se han realizado mesas de dialogo con autoridades de las tres órdenes de gobierno, donde se han determinado las bases de una supuesta estabilidad social y de respeto a los habitantes de dicho ejido, sin embargo, señalan que estos acuerdos no se cumplen, lo que nuevamente enciende las alarmas de otro posible enfrentamiento social.

Los denunciantes puntualizaron que las autoridades ejidales son toleradas por las autoridades de gobierno, ya que dicen que no han tenido respuesta a sus demandas que les garantice la seguridad y la paz social.