Durante el pasado proceso electoral local 2017 – 2018 los actores políticos presentaron más de 300 demandas por presuntos delitos electorales, la Fiscalía Electoral (FE) instauró poco más de 600 expedientes, le restan por desahogar cien, no hay personas sujetas a procesos, menos en prisión, pese a delitos graves.
Entre los delitos graves se encuentra la violencia generada por militantes de partidos políticos en los municipios de Chicoasén, Santiago el Pinar, San Andrés Duraznal, Solosuchiapa, Montecristo de Guerrero, Tapilula, Catazajá, Bejucal de Ocampo, Rincón Chamula San Pedro y El Porvenir.
El Fiscal Electoral (FE), Hugo Gómez Estrada, asistió al Conversatorio realidad y Perspectiva de la Paridad en México: Situación nacional y estatal, se negó a hacer declaraciones a los medios de comunicación, pidió una disculpa y expuso que siguen las investigaciones.
No hay detenidos, no obstante, el robo de papelería electoral, la sustracción y quema de boletas electorales y la quema de edificios públicos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC en varios municipios de la entidad, principalmente en los diez donde se anularon las elecciones del 1 de julio y se realizó comicios extraordinarios el 25 de noviembre del 2018.
Durante los comicios extraordinarios en El Porvenir, se repitió la violencia, hubo sustracción de la papelería electoral, la quema del material y de las oficinas del Consejo Municipal Electoral del IEPC, sin embargo, sigue sin castigarse, los responsables gozan de impunidad.
Actores políticos como el Movimiento de Regeneración Nacional y su representante en el IEPC, Martín Darío Cázarez Vázquez, denunciaron compra y coacción del voto, antes, durante y después de las elecciones, del primer domingo de julio.
