/ jueves 23 de junio de 2022

Organizaciones constatan la condición de albergues y centros para migrantes

Organizaciones de México, Centroamérica y legisladores durante tres días recorrieron albergues, la frontera sur, estación migratoria y espacio público de concentración de migrantes

Organizaciones de México, Centroamérica y legisladores que realizaron una gira de trabajo de tres días en la frontera sur consideran que Chiapas es una gran cárcel migratoria, en donde se quieren contener a los migrantes en condiciones precarias y sin los servicios básicos.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, acusaron que la política migratoria del gobierno federal es de contención y deportación.


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Aseguraron que con los cambios de las políticas migratorias de México ahora se les obliga a los migrantes a quedarse en Chiapas, principalmente en la frontera sur (Tapachula), convirtiendo al estado en una gran estación migratoria para miles de migrantes que están varados en la ciudad.

Las tres organizaciones de la sociedad civil, criticaron que a pesar de que las personas extranjeras realizan su tramites, las autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional se los rompen con tal de no dejarlos que sigan su camino.



“En Chiapas existe una opacidad e inoperancia de parte del estado mexicano que debe garantizar los derechos humanos de las personas migrantes”, expresó Melissa Vertiz Hernández, secretario técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).

Destacó que como organizaciones sociales de México y Centroamérica vamos a seguir impulsando acciones de protección binacional por la no detención de las personas en movilidad humana.

“Varios colectivos hemos estado trabajando en una protesta de reforma de no detención de personas sujetas a protección internacional por el simple hecho de no tener un documento migratorio o ingresar con otro tipo de documento” puntualizó.

En este mismo sentido, el senador Emilio Álvarez Icaza, mencionó que en el centro del país se desconoce la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, por ello, el Gobierno Federal no entiende que es una bomba de tienen que sino se atención puede explotar.

“La frontera sur vive un contexto de crisis migratoria con graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ya que no son hechos aislados o esporádicos. México no esta cumpliendo con los acuerdos internacionales”, manifestó.


La frontera sur vive un contexto de crisis migratoria con graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur


Añadió, “desde el palacio nacional, la cámara de diputados y la cámara de senadores no se tiene conciencia de la crisis humanitaria que tiene la frontera sur y se está dejando a su suerte a la población local”.

Señaló que en Tapachula no hay condiciones de hospedaje digno para los migrantes, no hay condiciones de protección a las familias, no hay condiciones de alineación y se recurre sistemáticamente a las violaciones de derechos humanos.

Puntualizó que desde el senado lanzará una miscelánea legislativa para que se proteja los derechos humanos de las personas en movilidad humana, así como a la población local de Tapachula.

Organizaciones de México, Centroamérica y legisladores que realizaron una gira de trabajo de tres días en la frontera sur consideran que Chiapas es una gran cárcel migratoria, en donde se quieren contener a los migrantes en condiciones precarias y sin los servicios básicos.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, acusaron que la política migratoria del gobierno federal es de contención y deportación.


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Aseguraron que con los cambios de las políticas migratorias de México ahora se les obliga a los migrantes a quedarse en Chiapas, principalmente en la frontera sur (Tapachula), convirtiendo al estado en una gran estación migratoria para miles de migrantes que están varados en la ciudad.

Las tres organizaciones de la sociedad civil, criticaron que a pesar de que las personas extranjeras realizan su tramites, las autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional se los rompen con tal de no dejarlos que sigan su camino.



“En Chiapas existe una opacidad e inoperancia de parte del estado mexicano que debe garantizar los derechos humanos de las personas migrantes”, expresó Melissa Vertiz Hernández, secretario técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).

Destacó que como organizaciones sociales de México y Centroamérica vamos a seguir impulsando acciones de protección binacional por la no detención de las personas en movilidad humana.

“Varios colectivos hemos estado trabajando en una protesta de reforma de no detención de personas sujetas a protección internacional por el simple hecho de no tener un documento migratorio o ingresar con otro tipo de documento” puntualizó.

En este mismo sentido, el senador Emilio Álvarez Icaza, mencionó que en el centro del país se desconoce la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, por ello, el Gobierno Federal no entiende que es una bomba de tienen que sino se atención puede explotar.

“La frontera sur vive un contexto de crisis migratoria con graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ya que no son hechos aislados o esporádicos. México no esta cumpliendo con los acuerdos internacionales”, manifestó.


La frontera sur vive un contexto de crisis migratoria con graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur


Añadió, “desde el palacio nacional, la cámara de diputados y la cámara de senadores no se tiene conciencia de la crisis humanitaria que tiene la frontera sur y se está dejando a su suerte a la población local”.

Señaló que en Tapachula no hay condiciones de hospedaje digno para los migrantes, no hay condiciones de protección a las familias, no hay condiciones de alineación y se recurre sistemáticamente a las violaciones de derechos humanos.

Puntualizó que desde el senado lanzará una miscelánea legislativa para que se proteja los derechos humanos de las personas en movilidad humana, así como a la población local de Tapachula.

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