San Cristóbal de Las Casas.- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, manifestó su preocupación por las amenazas proferidas contra los integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel, además de hacer un llamado a las autoridades de Chiapas y federales, investigar de manera inmediata, las agresiones, y adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de los y las integrantes de la Red “que defienden los humedales y territorio de San Cristóbal”.
En un comunicado explican que como observatorio recibieron información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre las amenazas en contra de un grupo de 15 personas pertenecientes a la Red Ambiental del Valle de Jovel, una organización que defiende los derechos medioambientales en el Estado de Chiapas, tales como las del 29 de diciembre de 2020, en horas de la mañana.
“Los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel fueron amenazados y agredidos verbalmente por un grupo de choque mientras llevaban a cabo una acción en defensa de los humedales de Montaña María Eugenia, un área natural de 115 hectáreas situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. En esta zona se está llevando a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en peligro el ecosistema de los humedales”, señalan.
Ante la presencia de la policía municipal, que había acudido al lugar de los hechos para mediar entre los defensores de los humedales y el grupo de choque, un nuevo grupo de agresores vinculado al primero amenazó con “amarrar a los ambientalistas porque ya estaban hasta el gorro de que Manuel Lemus [director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas] los estuviera molestando”.
Apuntan que el grupo “agresores, taparon la zanja de infiltración. Estas agresiones fueron puestas en conocimiento tanto del gobierno federal como de la autoridad municipal con el objetivo de contar con su intervención”.
Por lo anterior, y otros hechos que han sufrido, piden adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica “de la membresía de la Red Ambiental del Valle de Jovel, así como la de todas las personas defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México”.
Urgen llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables aplicando las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley, y poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México”.
“Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil”, urgen finalmente.
