Organizaciones que conforman el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano solicitaron a la Relatora Especial sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los DH del ONU, Mary Lawlor para que intervenga, a fin de que se garanticen las condiciones de seguridad y dignidad en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que realizan.
Las organizaciones, entre estas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, la Red Jesuita con Migrantes, Servicio Jesuita a Refugiados, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Voces Mesoamericanas, Foca AC, La 72 y Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, señalaron que recientemente las defensoras y defensores han visto obstaculizada sus labores de acompañamiento a personas migrantes y con necesidades de protección internacional,
Denunciaron un hostigamiento constante por parte de autoridades del orden federal y de distintos cuerpos de seguridad y militares, que ha escalado hasta la criminalización de este trabajo.
Agregaron que ante la negativa de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), para permitir el ingreso de personas solicitantes de refugio u otras formas de protección internacional a territorio mexicano en el puente fronterizo Rodolfo Robles, estas organizaciones han acudido para dar acompañamiento a las personas, brindar información adecuada y suficiente para presentar su solicitud y observar que se garantice su acceso al procedimiento de refugio y al territorio.
Detallaron que a partir de las restricciones de ingreso por vía terrestre en la frontera sur de México, han documentado el rechazo constante a familias con necesidades de protección internacional, incluidas personas que viajan con niños, niñas y adolescentes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBT y víctimas de violencia de género.
Afirmaron que en esas labores de acompañamiento han sufrido y documentado el hostigamiento constante por parte de las autoridades encargadas de la administración del puerto fronterizo, así como de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes en reiteradas ocasiones niegan el acceso al puerto fronterizo e incluso se ha intentado expulsarlos junto con las familias hacia el territorio de Guatemala.
Documentaron quejas promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del hostigamiento y bloqueo a las labores de acompañamiento que las organizaciones que viola el derecho de las personas, grupos y colectividades a defender los derechos humanos, mismo que tiene impactos negativos en la vida, la seguridad y la dignidad de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional,
El colectivo solicita se exhortó al Estado Mexicano a la SG, SRE, INM y SEDENA Guardia Nacional garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto a las labores de promoción y defensa de los derechos humanos, que la actuación se apegue a la legislación nacional vigente y compromisos internacionales que México ha signado y el cese los discursos que estigmatizan y criminalizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las defensoras y perjudican la imagen de las mismas ante la opinión pública
