La situación por la que atraviesan miles de personas que se auto emplean como vigilantes ciudadanos en el estado, son de alta vulnerabilidad al no contar con un servicio médico, ningún sistema de ahorro, seguro de vida o siquiera un sueldo fijo que les permita vivir dignamente.
Ante el cuestionamiento sobre el escenario laboral de estos trabajadores, el diputado local, Maya de León Villard destacó que, ante la desvinculación de los vigilantes ciudadanos al bando municipal, se buscó puentes con la Secretaría de Seguridad Pública, para que estas personas tuvieran un reconocimiento jurídico.
De esta forma, agregó que se construyeron foros en materia de seguridad pública y derechos humanos, para presentar una iniciativa de reforma a los códigos estatales para que estos ciudadanos sean reconocidos por la labor que hacen, por lo que está en la espera que pase a discusión.
Mencionó que de parte del gobierno de la cuarta transformación, hay un compromiso para que se les brinde seguridad social, como se ha impulsado para las trabajadoras domésticas y trabajadores agrícolas, buscando con ello, una extensión hacia la seguridad pública.
Reconoció los niveles de inseguridad que ha desarrollado la frontera sur a causa de la intromisión de grupos delictivos que cruzan fácilmente la frontera porosa que hay con Guatemala, por lo que los vigilantes ciudadanos, son los primeros respondientes ante la ola de inseguridad en las colonias y por lo tanto deben ser protegidos en su seguridad social.
Señaló que desde el Congreso del Estado se ha hecho el exhorto al Congreso de la Unión, para que hagan las regulaciones migratorias convenientes para frenar la intromisión indiscriminada de migrantes centroamericanos, que salvo excepciones de las personas que sí buscan trabajar, se filtran personas que son buscadas por delincuentes en sus países de origen.
Finalmente reconoció que el gobierno de la cuarta transformación, ha promovido leyes justas y democráticas, como el de quitar el fuero al presidente de la República, para que sea juzgado por delitos que tienen que ver con la corrupción y delitos electorales.
