En medio de una tristeza que solidarizó a una comunidad indígena de Guatemala, se llevaron a efecto los funerales de una de las 19 víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en el norte de México.
Se trata de Roberto González, habitante de la aldea Chi-Marcaj, San Antonio Sija, San Francisco El Alto, Totonicapán, la familia y amigos todavía no asimilan la ausencia del migrante, que lo único que había prometido al salir de su comunidad, fue trabajar tanto para hacer prosperar a su familia con el llamado sueño americano, pero ese sueño se lo truncó el INM de México con su negligencia e irresponsable actuar, afirmaron allegados a la familia.
Cerca de 200 personas acudieron hasta el cementerio local para darle el último adiós al joven chapín a quien le sobreviven su esposa que muestra el dolor de su pérdida y dos hijos, entre ellos una niña que clama por su padre, que no la deje, que no se vaya, en una escena desgarradora.
La familia y amigos de Roberto conmueven hasta el llanto a los presentes que también exigieron justicia, castigo a los culpables en México y la reparación del daño.
“Es una verdadera tragedia y es una enorme vergüenza el trato inhumano que se da a los migrantes en México, indica un hombre que asistió al sepelio”.
Con música de mariachi se despidió al migrante, un tramo amargo que duele en el corazón de una comunidad, al igual que en los funerales de Suchitepequez en la comunidad de Chicacao en donde se velaron e inhumaron los restos de dos connacionales guatemaltecos, Francisco Gaspar Rojché y Miguel Rojché.
“Los culpables de esta tragedia son las autoridades mexicanas”, así se refirió Emmanuel Tziná, primo de los fallecidos a los medios presentes en los funerales.
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Así como Gaspar y Miguel, en Quiché el cuerpo de Cruz Ernesto Chich Marroquín se realizó la misma tarde del pasado miércoles en la aldea Lemoa, al que se sumaron cientos de personas entre familiares, amigos y autoridades locales.
La viuda de Ernesto Chic, la señora Magdalena Mendoza López, afirmó que ahora se queda sin su marido y con la enorme deuda y el dolor de haber perdido a su pareja que sólo deseaba darle a ella y su familia un futuro mejor.
“Hipotecamos la casita, fueron 160 mil Quetzales que cobró el coyote que lo pasaría, este era su segundo intento, la primera vez no logró pasar; construiremos locales para rentar y así pagar la deuda, ahora no tengo nada, por eso es que en México el gobierno debe pagar por nuestros muertos y en Estados Unidos exijo que nos den la visa humanitaria para mí y mis hijos y poder trabajar y pagar nuestras deudas, sólo así tendremos justicia y paz”, exigió Magdalena.
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Otro caso es el de Basilio Saravia quien fue llevado hasta San Martín, Chimaltenango, padre de seis hijos y tres de ellos viviendo en los Estados Unidos, al momento de ser detenido en Ciudad Juárez, iba a reunirse con ellos.
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