El 27 de marzo, un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mató a 40 migrantes, incluyendo siete salvadoreños. Pedro Rivera García, de 23 años, uno de los siete salvadoreños fallecidos, fue sepultado por sus familiares en su localidad natal, el municipio de Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango.
Rivera García había pertenecido al Ejército de El Salvador, pero pidió su baja en octubre de 2022. Según su madre, María García, el joven había decidido migrar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, ya que no había encontrado trabajo en El Salvador y vivía en la pobreza.
"Él me dijo que iba a trabajar unos días en México y luego se iba a ir a Estados Unidos. No sufrió quemaduras, sino complicaciones por inhalar el humo durante el incendio", comentó María.
María García pidió que se haga justicia y que se respete la vida y la dignidad de los migrantes, exigiendo que el Gobierno mexicano "ponga mano dura para quienes los estaban cuidando" en la estación migratoria.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal, dijo que el Gobierno salvadoreño exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de los siete salvadoreños en el incendio. Portal subrayó que están exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, y que la Fiscalía mexicana haga una investigación exhaustiva.
Además de los siete salvadoreños, la Secretaría de Salud federal de México reportó que el accidente dejó 33 muertos más, incluyendo seis hondureños, 18 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano. Además, resultaron heridas cinco personas, dos de las cuales permanecen hospitalizadas. Tres mujeres sobrevivieron y continuaron su camino hacia Estados Unidos.
El Gobierno salvadoreño califica el incidente como un "crimen de Estado". La cancillería del país centroamericano ha pedido que los sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación.
Con información de Agencia EFE
