Ante el conflicto social que prevalece en las comunidades de Pavencul y Toquián Grande en la zona Alta de Tapachula del donde las autoridades ejidales aseguran se ha regresado a la calma y por parte del grupo de personas desplazadas, señalan que prevalece la inestabilidad social y amenazas, Protección Civil Estatal ya tomó cartas en el asunto entregando ayuda humanitaria.
Son varias las familias afectadas a quienes se les otorgó despensas, cobertores y colchonetas, ofreciéndoles también un refugio temporal en el Centro de Convivencias de Tapachula, sin embargo las personas decidieron buscar asilo en hogares de amigos y familiares.
Ante la situación el grupo de desplazados acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tapachula para solicitar el apoyo y atención a esta problemática y aseguran que este jueves 4 de abril están siendo convocados todos los habitantes de los diferentes barrios por la autoridad ejidal para efectuar una reunión en la que tomarán acuerdos dentro de la misma comunidad, pero sostienen que esta convocatoria es para una vez más amenazar y reprimir a las familias que no están en acuerdo con las autoridades rurales.
Dentro de los barrios que señalan estar amenazados de sufrir las mismas consecuencias en sus viviendas como quemas de casas, parcelas y vehículos se encuentran San Vicente, Carrizal y Loma Bonita, por lo que piden el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para mediar en este conflicto que aseguran pronto podría terminar con hechos más violentos como con pérdidas humanas.
Cabe señalar, que toda la problemática en la zona Alta de Tapachula, radica por la disputa de concesiones de transporte colectivo otorgadas a los ejidatarios mismas que un grupo ha manejado con engaños y luego que estas fueron restituidas a quienes en realidad había sido otorgado el beneficio por la Secretaría de Transporte comenzaron los desmanes de los inconformes entre quienes se dice encuentran el comisariado ejidal, Juan López Pérez así como Lucio Díaz junto del consejo de vigilancia y los pseudolíderes Pedro López Bartolón, Jaime López Bartolón e Hilario López Morales, sobre quienes pesa una orden de aprehensión en sus contra girada el 11 de diciembre del año 2017, según expediente 258-2017.
Es de señalarse que la citado comisario ejidal además se ha excusado poniendo el parapeto de que son indígenas y se rigen según sus usos y costumbres, por lo que la comunidad debe apegarse a lo que él exige encontrándose entre sus últimas exigencias el que los desplazados deben pagar 60 mil pesos si quieren regresar a sus comunidades, mientras ninguna autoridad toma realmente cartas en el asunto, por lo que la cita para este jueves se teme sea otra de sus reuniones para amedrentar a la gente que vive en zozobra.
