El miedo por el cobro de piso en transportistas, comerciantes y empresarios es cada vez mayor en la costa chiapaneca, a más de un año en que grupos delincuenciales empezaron con el acoso de un delito que no existía abiertamente en esta zona.
Y es que levantar la voz aviva el temor ante el reciente homicidio de la maestra jubilada, Carmen Saucillo, que conducía transporte colectivo y que fue asesinada en El Ocotal, municipio de Tonalá, quien se habría negado pagar derecho de piso según versiones de algunos de sus compañeros.
Transportistas, quienes por temor pidieron omitir sus nombres, afirmaron que hay una marcada desconfianza y temor entre los transportistas y comerciantes, algunos han dejado de trabajar porque estos sectores se han convertido en los más vulnerables y que han sido blanco de estas bandas delictivas que medianamente han sido combatidas por las autoridades, pero que en la actualidad siguen cobrando el pago de derecho de piso semanalmente y quien se niega a la cooperación es agredido y las víctimas han ido aumentado con el tiempo.
Dijeron que aunque los choferes, los concesionados no han levantado la voz, existe una inquietud entre el sector porque presumen que los delincuentes han creado un emporio que cada vez se extiende a mas sectores, por lo que no descartan acciones para expresar su inconformidad ante esta violencia que cobra auge y que va directamente en contra de sus intereses económicos al cobrar un porcentaje de sus ganancias.
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Indicaron que sobre el reciente crimen de la maestra jubilada hay muchas versiones, desde la que señala que se negó a pagar piso a los delincuentes que la habían contactado hasta ser posible victima de un asalto, sin embargo, el homicidio calificado es un claro mensaje a aquellos que se niegan a pagar o que buscan la protección de las autoridades de justicia y seguridad.
Puntualizaron que ante este reciente crimen se suman otros más relacionados con la misma intención que han ocurrido en Huixtla y distintos municipios de la costa chiapaneca, daños a unidades y detenciones de miembros de las bandas delictivas, que a pesar de ser desmembradas siguen operando y cobrando semanalmente la cuota.
"Los sanguinarios crímenes, las veladas amenazas, los daños a las unidades, son un escenario de confrontación entre un gremio que ha buscado la protección de la autoridad pero que también se organiza para defender su patrimonio y exigir que haya una verdadera intervención de elementos de seguridad que no estén implicados dentro de las organizaciones criminales", abundaron.
Cabe hacer mención que las amenazas del crimen a cambio de una supuesta protección empezó con los transportistas con el señalamiento que aquel que ignora las normas impuestas por los criminales corre el riesgo de ser asesinado o sus unidades quemadas y pronto empezaron a expandirse con los comercios y las empresas que hoy también son acosadas, a raves de delincuentes que se desplazan en motocicletas, que piden depósitos bancarios y que aseguran tienen infiltrados en algunas instituciones gubernamentales.
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