Ante la expansión de bandas dedicadas a la extorsión y cobro de piso, la Iniciativa Privada exigieron a los poderes ejecutivo y judicial reformas a la leyes en Chiapas para aplicar sanciones más enérgicas contra delincuentes que mantienen en jaque a los empresarios y transportistas en la Costa así como del Soconusco.
Empresarios de la asociación Procentro, quienes por temor a represalias pidieron omitir sus nombres, afirmaron que hay zozobra por el tema de inseguridad, por lo que es necesario leyes más enérgicas contra extorsionadores que juegan con la vida de las personas, que enlutan hogares y que terminan con la paz de muchas actividades productivas, al exigir cobros de piso a transportistas, comerciales e industriales.
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Dijeron que el código penal de Chiapas en el artículo 300 en torno al delito de extorsión, refiere como pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días de salario, aunque contempla algunas agravantes.
Mientras que para el código penal para el estado de Chihuahua en relación con el delito de extorsión que define como un hecho cuando una persona, con ánimo de lucro y a través de violencia o intimidación, obliga a otra a realizar, omitir o tolerar un acto, contempla esta conducta en el artículo 204 Bis, señala que se castiga de cinco a 30 años de presión y con agravantes como es el caso de cobro de piso con penas de entre 30 hasta 70 años de prisión.
Los empresarios se han pronunciado para que los legisladores mantengan una comunicación directa con la sociedad para conocer sus inquietudes y atender sus reclamos, en este caso las leyes que tiene Chiapas y las penas a los extorsionadores.
Detallaron que en muchos casos se tienen errores en la integración de las carpetas de investigación, lo que permite impunidad en esos grupos criminales que se protegen con buenos abogados, que son pagados con el mismo dinero de la extorsión.
"Esa situación deja en desventaja a la población sobre todo aquellas que no pertenecen a organizaciones productivas o sociales, por lo que exigimos a las autoridades a que apliquen sanciones más energicas contra los delincuentes", abundaron.
Indicaron que lamentablemente no hay respuesta a los llamados que se han hecho a las autoridades federales para combatir a los grupos criminales que arropados en caravanas o en los derechos humanos de una migración humanitaria, llegan al país con un historial delictivo, muchos de ellos miembros de las pandillas transnacionales como el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha.
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Mencionaron que en el tema de las extorsiones hay incidencia de la presencia de estos grupos criminales que huyen de su país, por ejemplo El Salvador, donde emprendieron una redada en su contra y se han venido a México a sembrar el terror.
