Poblacion y transportistas de Cacahoatán mantienen su preocupación por los mensajes de extorsión que persisten por parte de delincuentes que buscan presionarlos para el pago de una supuesta protección por el cobro de piso, por lo que exigieron atención integral a este problema que mantiene en incertidumbre a la sociedad.
Transportistas quienes por temor a represalias pidieron la omisión de sus nombres hicieron un llamado a las autoridades para destinar los recursos institucionales y generar acciones de vigilancia e inteligencia para atender esta problemática, luego de la unidad incendiada el pasado miércoles en el ejido Mixcum, presuntamente por manos criminales.
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Informaron que la unidad está siendo objeto de investigación por parte de peritos especializados para determinar la causa que originó la conflagración, sin embargo, ante esto, grupos de transportistas solicitaron a la autoridad no minimizar el problema porque esto generaría impunidad e ignorar las secuelas del delito con afectaciones a las victimas directas y a toda la comunidad ante la posibilidad de que pudieran derivar de otros hechos sangrientos.
Por su parte, Jorge Gutiérrez Franco, presidente regional de los comités de consulta y participación ciudadana (Cocoparci), reconoció que en las ultimas semanas en la región no se han registrado delitos de alto impacto, aunque si robos y asaltos. Consideró que la presencia de las autoridades federales: SEDENA, Marina y Guardia Nacional, que participan con autoridades estatales y locales con los operativos Frontera Segura y Antipandillas dieron buenos resultados.
Con respecto a la unidad de transporte publico incendiada en Cacahoatán, Gutiérrez Franco dijo que se debe investigar y llegar hasta las ultimas consecuencias, porque existe intranquilidad entre los transportistas y ciudadanos de esa región.
“Exhortamos a las autoridades a esclarecer los delitos, que no se minimice el hecho porque esto podría ser una chispa que después no pueda controlarse y llegar hasta el final, para que no se tome la justicia por propia mano, que implica que las víctimas se conviertan también en transgresores de la ley”, abundó.
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Mencionó que el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional deben seguir participando en esas acciones tanto preventivas como reactivas si fuere necesario, siempre coordinadas con las autoridades estatales y municipales.
